El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó un decreto con fuerza de ley que cambia las regulaciones de las redes sociales para detener la «eliminación arbitraria» de cuentas, contenido o perfiles, una decisión que, según sus especialistas, dificulta la lucha contra las noticias falsas y la desinformación.
«Los proveedores de redes sociales tienen prohibido adoptar criterios para moderar o limitar el alcance de la difusión de contenidos que impliquen censura política, ideológica, científica, artística o religiosa», dice el decreto.
Y agrega: «las empresas deben tener razones justificables para suspender cuentas o eliminar contenido».
La lista de razones incluye actos terroristas, pedofilia, pornografía, bots, promoción de la violencia o uso de drogas, varias son delitos en Brasil, pero no cita información errónea o falsa.
De acuerdo con el texto, publicado en el Diario Oficial, las empresas de internet sólo podrán remover contenidos con una «justa causa» y primero deberá ofrecer a los usuarios un canal para ejercer una «amplia defensa» antes de que alguna decisión sea tomada.
Según el Gobierno, la retirada de contenidos decidida sólo por las empresas de internet «perjudica el debate público de ideas y el ejercicio de la ciudadanía», lo cual configura «una violación en masa de derechos y garantías fundamentales”, entre las cuales cita «la libertad de expresión».
Facebook consideró la medida inconstitucional y los opositores anunciaron que recurrirán a la justicia para frenarla.
Esta decisión de Bolsonaro se da justo en el marco de una serie de manifestaciones planificadas tanto en apoyo como en contra su gobierno a lo largo y lo ancho del país.
La norma, que tiene efecto inmediato pero precisa ser aprobada por el Congreso para transformarse en ley, altera disposiciones del Marco Civil de Internet y según la Secretaría de Comunicación del Gobierno busca combatir «la remoción arbitraria e inmotivada de cuentas, perfiles y contenidos por parte de los proveedores».
El mandatario ultraderechista, que ya tuvo contenidos removidos de sus redes por diseminar información falsa sobre el Covid-19, calificó como «censura» la suspensión de cuentas o remoción de contenidos que las plataformas aplicaron -según sus normas- a él y sus partidarios.
A varias cuentas que lo apoyan, que también están acusadas de difundir noticias falsas y desinformación, se les eliminó su contenido en el pasado o las cuentas fueron suspendidas por violar las reglas del proveedor. Algunos de los contenidos señalados por las redes sociales incluyen publicaciones del propio presidente.
Por su parte, el diputado opositor Alessandro Molon, relator del Marco Civil de Internet (MCI) vigente desde 2014, afirmó que está preparando «una acción judicial» para derribar la medida firmada por Bolsonaro.
«Su objetivo no es proteger la libertad de expresión, el MCI ya hace eso. Lo que quiere es impedir que la desinformación y el discurso de odio que él y sus seguidores diseminan siga siendo retirado por las plataformas», aseguró Molon.
El líder ultraderechista figura entre las personas que son investigadas por la Corte Suprema en un proceso referido a «ataques a la democracia», a través de las redes sociales, que llevó a la cárcel a varios de sus seguidores.
Con su popularidad en declive y asediado por investigaciones judiciales contra él y su entorno, el mandatario busca, según analistas, hacer una demostración de fuerza para ganar impulso de cara a las presidenciales de 2022, en las que intentará la reelección.
El decreto que firmó Bolsonaro entrará en vigencia de inmediato y los proveedores de redes sociales tienen 30 días para cumplir con las nuevas limitaciones de eliminación de contenido.
Pero el decreto primero debe ser aprobado por el Congreso y el Senado de Brasil dentro de los 60 días para convertirse en ley. El Congreso y el Senado también pueden rechazar la medida.
