Las calles de Haití, principalmente de Puerto Príncipe, permanecen semidesiertas por cuarto día consecutivo, debido a un cese de actividades promovido por organizaciones patronales y el sector transportista contra la inseguridad, asesinatos y secuestros, el más emblemático y reciente fue el que sucedió el último fin de semana cuando la banda «400 Mawozo» raptó a 17 misioneros y pidió un rescate de 17 millones de dólares.
Unos pocos vendedores ambulantes, y algunos grandes mercados abrieron sus puertas, aunque la mayoría de las escuelas, instituciones financieras y de la administración pública aún siguen en huelga.
Este fue el segundo paro laboral convocado en Haití durante este mes, mientras los casos de secuestros se multiplican sin control, y varios territorios de Puerto Príncipe son intransitables.
El fin de semana, el secuestro de 17 adultos y niños -16 estadounidenses y un canadiense- de la organización religiosa Christian Aid Ministries, por parte de la banda «400 Mawozo», volvió a evidenciar las dificultades del país tras el asesinato en julio del presidente Jovenel Moise, y motivó que Estados Unidos pusiera a la Oficina Federal de Investigación (FBI) a trabajar en el tema.
Las bandas armadas que controlan los barrios más pobres de Puerto Príncipe desde hace años endurecieron sus acciones en la ciudad y áreas periféricas, en los que crecieron los secuestros. Solo en lo que va de octubre se registraron al menos 119 secuestros en Haití, según el Centro de Análisis e Investigación de Derechos Humanos, un grupo local sin fines de lucro.
Y en la zona metropolitana, la Acción Humanitaria y en Defensa de los Derechos Humanos registró 30 secuestros la semana pasada, entre ellos la de un directivo de la Oficina de Seguros de Vehículos contra Terceros, con sede en Petion Ville.
En este contexto, muchos haitianos huyen rumbo a otros países, lo que generó caos en distintas fronteras.
Ante esto, los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo; de Costa Rica, Carlos Alvarado; y de República Dominicana, Luis Abinader, firmaron -en el Palacio Presidencial de Ciudad de Panamá- una declaración conjunta para impulsar una Alianza para el Desarrollo de la Democracia en la que manifestaron la necesidad de controlar los flujos migratorios irregulares, principalmente el de Haití.
Para solventar este conflicto en la isla caribeña, los tres mandatarios instaron al resto de los mandatarios regionales y a la Administración estadounidense para que aborde de forma integral y urgente este asunto.
Panamá, Costa Rica y República Dominicana aseveraron que «no pueden enfrentarse a este desafío de manera aislada» y que para salvaguardar los Derechos Humanos de los migrantes «se requiere una solución regional».
Por último, los tres presidentes coincidieron en la importancia de lograr el desarme en Haití para iniciar la vía de la pacificación de la población y el fortalecimiento de la seguridad antes de la celebración de elecciones el 7 de noviembre próximo.
