Sindicatos anunciaron el lunes que seguirán en las calles hasta que se derogue el polémico contrato ley con Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, un proceso que esperan acelerar con la presentación ante el Parlamento de un proyecto legislativo, mientras continúan las mayores protestas en décadas en el país que han generado ya una crisis de abastecimiento.
Los sindicatos aglutinados en la Alianza Pueblo Unido por la Vida apelarán a la vía legislativa al tiempo que se mantendrán en las calles hasta que se derogue el contrato ley entre el Estado y la Minera Panamá aprobado el pasado 20 de octubre, dijo el secretario general del sindicato de la construcción Suntracs, Saúl Méndez.
«Vamos a presentar esta iniciativa a la Asamblea Nacional y a la Presidencia», ya que el Parlamento está en receso y debe ser llamado a sesiones extraordinarias por el presidente, Laurentino Cortizo, para que se pueda discutir la iniciativa, explicó Méndez.
Sindicatos anunciaron este lunes que seguirán en las calles de la Ciudad de Panamá hasta que se derogue el polémico contrato de ley con Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.
Los manifestantes esperan acelerar la derogación con la presentación ante… pic.twitter.com/UFMCCxHFlC
— NMás (@nmas) November 7, 2023
Los sindicatos insisten en la derogatoria del contrato pese a que esa posibilidad ya fue descartada por el Parlamento la semana pasada tras escuchar las advertencias de grupos ambientalistas y de abogados de que hacerlo empeora el escenario para el Estado en las previsibles acciones de arbitraje que activará la minera.
Grupos ambientalistas que luchan contra esta concesión desde hace años aseguran que debe ser la Corte Suprema de Justicia la que decida sobre el futuro del contrato minero mediante su fallo sobre los varios recursos de inconstitucionalidad ya interpuestos.
Los activistas aseguran que el nuevo contrato ley adolece de los mismos vicios que llevaron a que el anterior fuera declarado inconstitucional por el Supremo en el 2017, más de 8 años después de que el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) panameño presentara un recurso en ese sentido.
El propio presidente Cortizo dijo que también esperará lo que decida el Supremo tras no conseguir el apoyo del Tribunal Electoral ni del Parlamento para realizar en diciembre próximo una consulta popular sobre el asunto, aunque sí logró la aprobación de una ley que dictamina una moratoria de la minería metálica.
La mina Cobre Panamá, que inició su producción en 2019, es la mayor explotación de cobre de First Quantum y supone alrededor del 60 % del valor neto de los activos de la compañía, cuyas acciones han caído con fuerza tras el inicio de la crisis.
La empresa canadiense ha dicho que la mina es la mayor inversión privada de Panamá con cerca de 10.000 millones de dólares, y que contribuye casi un 5 % al Producto Interior Bruto (PIB).
Sigue la huelga docente y los cierres de vías
Tanto el secretario del Suntracs como el líder de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, dijeron que se mantendrán en las calles hasta que sea derogado el contrato minero y se cierre la mina mediante un plan que contemple el respeto de los derechos de los trabajadores, unos 9.000 directos según el Gobierno y la empresa.
«Nosotros estamos en una huelga indefinida», dijo Ábrego al reiterar que este martes no acudirán al llamado del Gobierno de reanudar las clases, suspendidas dese el pasado 23 de octubre afectando a más de 800.000 alumnos del sector público.
Ábrego aseveró que con el llamado a reiniciar las clases el Ejecutivo pretende «desmovilizar» las protestas, y se preguntó cómo llegarán los maestros y estudiantes a las escuelas con los problemas de transporte que se registran en varias zonas del país después de casi dos semanas de protestas.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), Adolfo Fábrega, dijo que tras las decisiones de Parlamento y del Ejecutivo los cierres de calle «ya tienen otros objetivos» distintos a los de la defensa del soberanía y el ambiente.
Los empresarios calculan que las pérdidas diarias a la economía por esta crisis están entre 70 y 90 millones de dólares, en un país donde cerca del 50 % trabaja en la economía informal y depende de lo que produce cada día. EFE
