La muerte de Raúl Baduel, quien estaba preso por criticar al actual Gobierno, puso en alerta a activistas y familiares de los presos políticos en Venezuela, que creen que el régimen de Nicolás Maduro no solo ignora el riesgo que representa la pandemia del Covid-19 para la población carcelaria, sino que además consideran que la utiliza para matar opositores.
Baduel murió el martes pasado, a los 66 años, de un paro cardiorrespiratorio en el Helicoide, la temida prisión controlada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas.
El Gobierno reportó lo sucedido luego de que el militar venezolano contrajera el coronavirus, pero sus familiares ponen en duda la versión y exigen la exhumación del cadáver y una investigación independiente.
No obstante, algunos activistas venezolanos consideran que la situación es mucho más perversa que la simple desidia gubernamental ante los riesgos de salud que enfrentan los presos políticos dentro de las prisiones del régimen por causa de la pandemia.
«El Covid-19 está siendo utilizado como pretexto para terminar de asesinar a los presos políticos. Hoy es una política de Estado», advirtió desde Perú el activista venezolano Villca Fernández, quien pasó dos años preso en el Helicoide.
Por su parte, Cruz María Zambrano, esposa de Baduel, sostuvo: «Él no tenía Covid-19, no es verdad. Cuando lo sacaron de ‘La Tumba’ no tenía coronavirus. A él lo vacunaron aproximadamente una semana antes de trasladarlo de ahí»,
«Estamos bastante preocupados. Ya el régimen lleva diez presos políticos muertos bajo su custodia», reveló Keyla Flores, esposa del teniente coronel de la aviación Ruperto Molina, quien se encuentra encarcelado y es acusado por el régimen de conspiración.
En tanto, Molly De La Sotta, hermana del también encarcelado Capitán De Navío, Luis De La Sotta, reiteró que los prisioneros políticos no están recibiendo un adecuado cuidado médico y están totalmente indefensos ante el coronavirus, mientras que sus familiares no tienen a quien acudir.
“¿Qué podemos esperar? ¿Que mañana me entreguen a mi hermano en una bolsa negra? ¿O que no me lo entreguen y me digan, se murió de Covid-19 y ya, salimos de esto? Eso es lo que está sucediendo con la familia de más de 100 militares que son los más torturados y son los más asediados», enfatizó.
Baduel tenía una carrera militar y política ascendente desde que en abril de 2002 comandara la operación que liberó a Hugo Chávez y lo repuso en el gobierno tras el golpe de estado que lo había sacado del cargo por 36 horas.
Fue comandante del Ejército en 2004-06 y luego ministro de Defensa, hasta que en 2007 pasó a retiro y se opuso públicamente al proyecto de reforma constitucional que Chávez impulsó y que terminó derrotado en referendo.
En 2009 fue arrestado, acusado de corrupción, y un año después fue condenado a casi ocho años de prisión. En 2015 salió en libertad condicional, pero en enero de 2017 fue acusado de violarla y encarcelado nuevamente.
Antes de que su condena expirara, dos meses después, fue imputado de nuevos delitos -traición a la patria y rebelión militar, entre otros- y en febrero de 2018 fue degradado y destituido, junto a otros 23 oficiales presos, exiliados o fugados del país, por decreto del presidente Nicolás Maduro.
Pero su muerte revivió los temores sobre la seguridad de otros presos políticos, la mayoría de los cuales se encuentran encarcelados bajo insalubres condiciones y con escaso acceso a la asistencia médica.
