Un tribunal estadounidense permitió que documentos relacionados con el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero por parte de partidarios de Donald Trump sean entregados a una comisión de investigación del Congreso, a pesar de los intentos del exmandatario por evitarlo, mientras que la Justicia condenó a 41 meses de prisión a uno de los alborotadores.
«El tribunal sostiene que el interés público radica en permitir -no prohibir- la voluntad combinada de los poderes legislativo y ejecutivo de estudiar los acontecimientos que ocurrieron y condujeron al 6 de enero», escribió la jueza federal Tanya Chutkan en su fallo.
Trump quería impedir que una Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, recibiera cientos de documentos entre los que está la lista de personas que le visitaron o llamaron el día del ataque al Capitolio.
Las más de 770 páginas de documentos incluyen también material acerca de las actividades de su exjefe de gabinete, Mark Meadows, su exasesor principal Stephen Miller y del que fuera su asesor adjunto, Patrick Philbin.
Trump también tenía la intención de mantener en secreto el diario de la Casa Blanca, un registro de sus actividades, viajes, reuniones informativas y llamadas telefónicas.
Otros documentos que el expresidente no quiere que el Congreso vea son los memorandos dirigidos a su antigua secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, una nota manuscrita sobre los sucesos del 6 de enero y un borrador del discurso que Trump dio en un acto poco antes del ataque.
El multimillonario republicano había invocado el derecho del poder ejecutivo a mantener en secreto cierta información.
Los abogados de Trump ya mostraron su voluntad de apelar la decisión, informó el diario The Washington Post.
La jueza federal Tanya Chutkan para cerrar el tema afirmó: «Los presidentes no son reyes y el demandante (Trump) no es el presidente. En el fondo, esta es una disputa entre un expresidente y el actual presidente. Y la Corte Suprema ya ha dejado en claro que, en tales circunstancias, se concede mayor peso a la opinión del titular».
Más tarde, la Justicia de Estados Unidos condenó a 41 meses de prisión a Scott Fairlamb, uno de los alborotadores, por agredir a uno de los policías que acudió a contener la turba que, instigada por Trump, pretendía detener el recuento electoral de las presidenciales ganadas por Biden.
Dueño de un gimnasio en Nueva Jersey y antiguo luchador de artes marciales mixtas, Fairlamb se declaró culpable de los cargos de atentado contra la autoridad y obstrucción de un proceso oficial, convirtiéndose así en el primero de los sediciosos en ser condenado por agredir a un policía.
«Lamento de veras mis acciones de ese día. No tengo nada más que remordimientos», expresó Fairlamb ante el tribunal antes de implorar al juez, Royce Lamberth, «algo de misericordia».
Los fiscales habían solicitado 44 meses de prisión para Fairlamb, quien tras pasar por la cárcel estará bajo vigilancia durante 36 meses más debido a sus antecedentes penales, así como por la violación de espacios restringidos y una serie de amenazas sexistas y racistas que días después vertió sobre la congresista demócrata Cori Bush.
Se espera que esta condena marque un precedente para el resto de los acusados que están a la espera de sentencia, después de que la mayoría de los señalados por participar en los sucesos fueran sancionados por delitos no violentos, librándose así de ir a prisión.
Hasta el momento, la pena más dura recayó sobre Paul Allard Hodgkins, quien tras declararse culpable en julio fue condenado a ocho meses de cárcel por un cargo de obstrucción de un procedimiento oficial, en este caso la sesión para ratificar la victoria de Biden, que puede acarrear una sentencia máxima de 20 años de prisión.
En total, son ya cinco personas las que fueron llevadas a prisión por su participación en el asalto, de un total de 17 que ya recibieron algún tipo de pena.
