FUENTE: INFOBAE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva con el objetivo de desmantelar el Departamento de Educación, cumpliendo así una de sus promesas de campaña. La medida pretende transferir la autoridad educativa a los gobiernos estatales y locales, reduciendo la intervención federal en el sistema educativo del país.
La orden instruye a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a «tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados, garantizando al mismo tiempo la entrega efectiva e ininterrumpida de servicios, programas y beneficios en los que los estadounidenses confían».
Esta acción se alinea con la postura de Trump de que el Departamento de Educación es un organismo derrochador e influenciado por ideologías liberales. Sin embargo, el cierre definitivo del departamento requeriría la aprobación del Congreso, que creó la agencia en 1979.
Reacciones encontradas
La decisión ha generado diversas reacciones. Defensores de la educación pública, como la National Parents Union, han criticado la medida, argumentando que agravaría las desigualdades en el sistema educativo.
«Esto no es arreglar la educación. Es asegurarse de que millones de niños nunca tengan una oportunidad justa», afirmó la organización.
Por otro lado, grupos conservadores han respaldado la medida. Tiffany Justice, cofundadora de Moms for Liberty, expresó en redes sociales:
«No más burocracia inflada dictando lo que aprenden los niños ni sofocando la innovación con regulaciones innecesarias. Estados, comunidades y padres pueden tomar las riendas y adaptar la educación a lo que realmente funciona para sus hijos».
Implicaciones y desafíos legales
El Departamento de Educación administra anualmente miles de millones de dólares en fondos federales destinados a escuelas y estudiantes. La eliminación de la agencia podría afectar la distribución de estos recursos y la implementación de políticas educativas a nivel nacional.
Además, el desmantelamiento del departamento enfrenta desafíos legales significativos, ya que el presidente no puede abolir una agencia federal sin la aprobación del Congreso. El congresista Bobby Scott, demócrata de Virginia y líder del Comité de Educación y la Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, calificó la orden como «peligrosa e ilegal», advirtiendo que perjudicaría desproporcionadamente a estudiantes de bajos ingresos, comunidades minoritarias y personas con discapacidad.
Hasta el momento, la Casa Blanca no ha especificado qué funciones del departamento podrían transferirse a otras agencias o eliminarse por completo. En su audiencia de confirmación, McMahon aseguró que mantendría iniciativas clave, como los fondos Título I para escuelas de bajos ingresos y las becas Pell para estudiantes universitarios con dificultades económicas.
La implementación de esta orden ejecutiva y sus consecuencias en el sistema educativo estadounidense dependerán en gran medida de las acciones del Congreso y de posibles desafíos legales en los próximos meses.
