Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó que corresponde exigirle el certificado de vacunación contra Covid-19 a los viajeros que lleguen desde el exterior para evitar la propagación de la variante ómicron, con algunas pocas excepciones, al hacer lugar a una medida cautelar pedida por el partido Red de Sostenibilidad.
El magistrado Luís Roberto Barroso determinó que la prueba de vacunación para un viajero que llega a Brasil desde el exterior solo puede ser dispensada por razones médicas, si el arribado viene de un país donde se comprueba que no hay inmunizadores disponibles o por razones humanitarias excepcionales.
Barroso concedió parcialmente una medida cautelar solicitada por Red de Sostenibilidad, pero pidió que la decisión vaya a la sesión extraordinaria del pleno virtual del Tribunal.
Para el juez hay urgencia «por el aumento de los viajes en el próximo período y el riesgo de que Brasil se convierta en un destino antivacunas».
«La entrada diaria de miles de viajeros al país, la proximidad de las fiestas de fin de año, los eventos precarnavales y el carnaval en sí, capaz de atraer gran cantidad de turistas, y la amenaza de promover el turismo antivacunas, debido a la imprecisión de las normas que requieren su prueba, constituye un riesgo inminente inequívoco, lo que autoriza el otorgamiento de la medida cautelar», detalló Barroso.
La decisión ahora deberá ser validada entre miércoles y jueves por otros nueve magistrados del Supremo Tribunal Federal.
La Red solicitó al gobierno federal que adopte las medidas recomendadas por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para el ingreso al país con el fin de contener la propagación del Covid-19.
El Gobierno emitió la Ordenanza Interministerial 611/2021, que requería, para los extranjeros que llegaran a Brasil, prueba de vacunación o, alternativamente, una cuarentena de cinco días seguida de una prueba negativa para el virus antes de permitir la circulación en territorio nacional.
Al analizar el caso, el juez destacó que el STF tiene la obligación constitucional de proteger los derechos fundamentales a la vida y la salud.
«Ya hay más de 600 mil vidas perdidas y aún persisten actitudes de negación», agregó Barroso, para quien la ordenanza interministerial cumple parcialmente con las recomendaciones de Anvisa en relación a los viajeros, porque el texto «presenta ambigüedades e inexactitudes que pueden dar lugar a interpretaciones divergentes, en detrimento de los derechos constitucionales a la vida y la salud en cuestión».
A todo esto, un ciudadano de San Pablo, de 67 años y que no registra viajes recientes al exterior, presentó contagio por variante ómicron, aunque el Departamento de Salud del Estado consideró que aún no es posible confirmar si ello implica que existe transmisión local de la nueva cepa.
Según la secretaría, el hombre tiene un esquema de vacunación completo, incluida una dosis de refuerzo, y solo mostró síntomas leves.
«El paciente tuvo un diagnóstico positivo de Covid-19 el 7 de diciembre, luego de realizar una prueba de PCR, y su muestra fue sometida a secuenciación genética, con ómicron como resultado. Se encuentra en aislamiento domiciliario», explicó la dependencia en un comunicado.
Se trata del séptimo caso confirmado de la nueva variante en Brasil y el cuarto en San Pablo. Los demás fueron en Brasilia (2) y en Rio Grande do Sul (1).
Todos estos casos fueron confirmados en pasajeros que llegaron al país ya infectados con la nueva variante, que fue descubierta en el sur de África.
