Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos suspendió la obligación de vacunar contra el coronavirus a los empleados de compañías de más de 100 personas, decretada recientemente por el Gobierno de Joe Biden, mientras examina posibles «problemas constitucionales graves».
La medida obligaba a decenas de millones de empleados a vacunarse contra el Covid-19 antes del 4 de enero o someterse a pruebas semanales desde entonces y preveía multas de casi 14.000 dólares por cada caso de violación para las firmas que no lo cumplieran.
Anunciada en septiembre por Biden, la iniciativa fue adoptada esta semana por el Gobierno e inmediatamente impugnada en los tribunales, en particular por el sureño estado de Texas, cuyo gobernador trumpista y republicano, Greg Abbott, se opone a toda inmunización obligatoria para luchar contra la pandemia.
La corte federal de apelaciones de Texas dictaminó que los demandantes habían «dado argumentos que sugerían que existen serios problemas constitucionales y procesales» con el texto del Gobierno y, en consecuencia, «suspendía» la medida a la espera de poder examinarla sobre el fondo.
«Podremos desafiar el abuso de poder inconstitucional de Biden en la corte», tuiteó el gobernador conservador de Texas, Greg Abbott, tras conocer la decisión.
La suspensión judicial supone un gran revés para Biden, quien acababa de lograr una gran victoria legislativa con la adopción en el Congreso de su plan de inversión en infraestructura.
Los nuevos requisitos de la campaña de vacunación pretendían alcanzar a unos 84 millones de trabajadores de empresas grandes y medianas, según la Casa Blanca, aunque no está claro cuántos de ellos no estaban aún inmunizados.
Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con más de 754.000 muertos, y una notable mejoría que había logrado empezó a revertirse a mediados de este año provocada por la variante Delta y por un estancamiento en la campaña de vacunación.
El anuncio de las reglas, piedra angular del esfuerzo más agresivo lanzado por el demócrata Biden para contener el deterioro de la situación sanitaria, había seguido a semanas de revisiones y de reuniones entre funcionarios, empresas y sindicatos.
Los funcionarios de la Casa Blanca afirmaron que los nuevos requisitos federales deberían servir para contrarrestar leyes o mandatos de varios estados en la dirección contraria, incluyendo los que impiden hacer obligatoria la vacuna, las pruebas o el uso de tapabocas.
