Un enfrentamiento entre el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, y disidencias de las FARC, que rechazan el acuerdo de paz, dejó al menos 23 muertos en una región fronteriza con Venezuela y empujó al Gobierno del presidente Iván Duque a ordenar el refuerzo militar en la zona.
«Tenemos hoy 23 muertos que han sido en este momento encontrados en una zona rural del departamento de Arauca, en el noreste de Colombia», precisó el viceministro de Defensa, Jairo García, después de la reunión del Consejo de Seguridad en la zona, sin especificar si entre las víctimas había civiles.
Por la mañana, las autoridades presentaron un balance inicial de 16 muertes por los combates entre rebeldes.
«Estamos haciendo un ejercicio de levantamiento de los cuerpos», aseguró García tras dar la nueva cifra, y el propio Duque consideró «probable» que hubiera civiles muertos en los enfrentamientos en el departamento de más de 300.000 habitantes.
El Gobierno atribuye los choques, en parte, a la «frontera porosa» de 2.200 kilómetros que Colombia comparte con Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro «permite el asentamiento a grupos armados ilegales», dijo el mandatario colombiano.
«El ELN y los disidentes han estado operando a sus anchas en territorio venezolano con la anuencia y protección del régimen dictatorial de Maduro», denunció Duque tras una reunión en Cartagena.
Según el defensor del pueblo, Carlos Camargo, una docena de familias debieron escapar por los combates en los municipios de Tame y Saravena, y otras autoridades advirtieron que hay comunidades confinadas en medio del fuego cruzado.
Como resultado de los encuentros del Consejo de Seguridad, Duque ordenó enviar al ministro de Defensa, la cúpula militar y dos batallones a la convulsionada línea fronteriza.
En un mensaje en la red Twitter, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó la situación actual como «muy grave».
Disputa entre guerrillas
Arauca es un departamento petrolero y agropecuario donde hace décadas se hizo fuerte el Frente de Guerra Oriental del ELN, el más poderoso de esa guerrilla, fuerza ahora desafiada por el Frente 10 de las disidencias, que ocupó espacios dejados por las antiguas FARC y que se financia principalmente con extorsiones, secuestros y tráfico de drogas.
«El centro del conflicto es el territorio, tanto las FARC como el ELN llevan mucho tiempo ahí. Ambos llevan cuatro décadas en ese territorio, lo conocen, y desafortunadamente las FARC han vuelto a tener una dinámica en el territorio», dijo Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Según Celis, «las disidencias de las FARC se han venido reacomodando, creciendo en los últimos dos años, incursionando en territorios de presencia del ELN, extorsionando, secuestrando, promoviendo la coca».
El gobierno colombiano denuncia constantemente que los miembros de ambos grupos ilegales se refugian del otro lado del río Arauca, que marca la frontera con el estado venezolano de Apure.
El ELN es reconocida como la última guerrilla del país tras el desarme de las FARC, que negociaron su desmovilización en un acuerdo con el gobierno del Nobel de Paz Juan Manuel Santos en 2016.
Se calcula que cuenta con unos 2.500 hombres y mujeres, según el centro de estudios independiente Indepaz.
Por su parte, las disidencias de la FARC suman unos 5.200 combatientes sin un mando unificado, la mayoría nuevos reclutas que nunca estuvieron en la extinta organización guerrillera.
Advertencias de riesgo
La Defensoría del Pueblo, que hace unos dos años advirtió mediante su Sistema de Alertas Tempranas del riesgo que corren «aproximadamente 69 mil personas de población civil, de los 174.135 que residen en las áreas urbanas y rurales de los municipios de Saravena, Arauquita, Tame y Fortul».
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, señaló: «Esta grave situación de orden público ha generado también el desplazamiento forzado de seis familias en el municipio de Saravena y otras seis en Tame».
Camargo recordó que, en la alerta temprana de julio de 2019, «además de homicidios advertimos del riesgo de amenazas y retenciones ilegales, reclutamiento de niños y adolescentes y desplazamiento forzado en esos cuatro municipios araucanos».
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia participó de un Consejo de Seguridad con autoridades locales y la Defensoría del Pueblo para hacer un «seguimiento a la difícil situación de derechos humanos que se está presentando en el departamento de Arauca».
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó «enérgicamente enfrentamientos entre grupos armados ilegales» y exhortó a las bandas criminales a «dejar la población civil por fuera del conflicto armado».
