El empresario colombiano Álex Saab, señalado por Estados Unidos como testaferro del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, colaboró durante un año con la Administración de Control de Drogas (DEA) norteamericana, según documentos difundidos por la justicia estadounidense.
Saab, de 50 años, está detenido y procesado en la sureña Miami, tras ser extraditado desde Cabo Verde en octubre pasado, acusado de conspirar para lavar activos.
La información fue presentada hace un año por los fiscales del caso al juez Robert N. Scola, quien decidió desclasificarla tras considerar que la defensa no ha presentado hasta ahora argumentación válida que señale que su divulgación ponga en riesgo a la familia del acusado en Venezuela.
Según dichos documentos, Saab «cooperó con agentes de la DEA, proporcionó información sobre su actividad delictiva, participó en una cooperación proactiva como fuente confidencial y entregó dinero a Estados Unidos y la DEA como parte de un acuerdo de autoentrega en Estados Unidos para enfrentar cargos por su conducta criminal».
De acuerdo con la Fiscalía, el empresario se convirtió en 2018 en una «fuente confidencial» de la agencia antidrogas durante 12 meses, período en el entregó más de 12 millones de dólares conseguidos con sus actividades ilegales a las autoridades estadounidenses.
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Maduro, al tanto de todo
El abogado de Saab, David Rivkin, confirmó el hecho, pero indicó que la cooperación con las autoridades estadounidenses se llevó a cabo con pleno conocimiento del Gobierno de Maduro.
«El señor Saab afirma en los términos más enérgicos posibles que cualquier presunto compromiso que tuvo lugar con el Departamento de Justicia y varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se llevó a cabo con pleno conocimiento y apoyo de la República Bolivariana de Venezuela», afirmó el letrado.
Además, aseguró que su defendido cree «que la divulgación del documento, a pedido del Departamento de Justicia, no es más que un intento de dañar los intereses de la República Bolivariana de Venezuela», subrayó.
Según la acusación estadounidense, Saab y su socio, el prófugo colombiano Álvaro Pulido, transfirieron 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos.
La Fiscalía asegura que ambos lucraron ilegalmente y crearon una red de sobornos, al aprovechar un contrato firmado con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas destinadas a personas de bajos ingresos.
El primer contacto entre Saab y las autoridades estadounidenses ocurrió en agosto de 2016 en Bogotá, la capital colombiana, donde la DEA y la policía federal (FBI) le mostraron la información que habían recabado sobre sus negocios en Venezuela.
Como informante de la DEA, el empresario colombiano «proporcionó información sobre los sobornos que pagó y los delitos que cometió», según los documentos judiciales, pero la cooperación concluyó en mayo de 2019, luego que no cumpliera el plazo para entregarse a Estados Unidos.
Dos meses después, la Justicia norteamericana lo imputó por el caso de blanqueo de dinero.
Saab llegó a Miami en octubre pasado tras su extradición desde Cabo Verde, donde había sido detenido en junio de 2020 a petición de Estados Unidos.
La extradición del empresario enfureció al Gobierno de Maduro, que le dio al colombiano la nacionalidad venezolana y un título de embajador, que luchó sin éxito para evitar su traslado a Estados Unidos.
El juicio de Saab comenzará el próximo 11 de octubre en Miami, en el que el acusado podría ser castigado con penas de hasta 20 años de cárcel.
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