Las elecciones del 13 de marzo pasasdo, unas legislativas signadas por el nerviosismo de unas cruciales consultas interpartidistas para elegir a los candidatos presidenciales de cara a los comicios del 29 de mayo próximo para decidir el poder para el período de 2022-2026, estuvieron «manchadas» por las denuncias de irregularidades de parte de todos los partidos políticos.
Si bien Alexander Vega, el titular de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, confirmó que no pedirá al Consejo Nacional Electoral (CNE) el recuento de los votos de las recientes elecciones parlamentarias, medida que se anunció el lunes y que causó el rechazo de casi todos los partidos, el daño quedó hecho.
Es que fue la primera de las tres vueltas eleccionarias que van a decidir el poder para el período de 2022-2026 -porque habrá segunda vuelta, de acuerdo a los números de las encuestas- y el ambiente se llenó de suspicacias.
Aunque siempre hubo cuestionamientos de una parte del electorado, durante las últimas décadas las elecciones en Colombia no contaron con grandes controversias en términos de la transparencia y la legitimidad del proceso de votación.
Pero el país cambió: por primera vez en décadas, la principal fuerza política de las elecciones es la izquierda, con el senador Gustavo Petro como cabeza y único favorito para medirse en segunda vuelta.
Su coalición, el Pacto Histórico, fue la opción más votada tanto en las legislativas como en las consultas.
Sus seguidores encuentran en las irregularidades electorales una prueba de que el establishment colombiano no está dispuesto a aceptar su llegada al poder.
Del otro lado acusan a Petro de jugar sucio, fomentar la violencia y afectar la transparencia del proceso democrático al no querer un reconteo, algo que los expertos ya habían adelantado que era «técnicamente imposible y constitucionalmente sensible».
El sistema electoral colombiano tiene vericuetos que, sin embargo, durante 50 años no afectaron la confianza general en el ente.
Al final lo que empezó con denuncias de fraude parece haber quedado en una mera controversia, pero el hecho político ya es parte de una campaña que cada día presenta una nueva dosis de
tensión.
¿Qué fue lo que pasó?
El sistema electoral colombiano da prioridad a la publicación temprana de resultados. El día de las elecciones se publica un preconteo sistematizado por teléfono desde las mesas de votación a un centro de contabilización en Bogotá. El escrutinio oficial y definitivo, en cambio, se da a conocer unos días después de las elecciones.
Tras los comicios del 13 de marzo, varias organizaciones civiles electorales y el Pacto Histórico denunciaron que en alrededor de 20.000 puestos de votación no se registraron votos por ese movimiento.
El escrutinio encontró que la denuncia era cierta: el PH en realidad obtuvo 400.000 votos más de los que 2,3 millones que se habían reportado en el preconteo. Con eso, pasaron a tener tres senadores más de los 16 que se habían anunciado.
La explicación de la diferencia tuvo que ver con las formas de registro de los votos en unos formularios conocidos como E14 y la ubicación del Pacto Histórico, desfavorecida por sorteo, en la boleta electoral.
Aunque las discrepancias son usuales, y la conformación del Congreso no suele ser exactamente igual a la que manifiesta el preconteo, la magnitud de la diferencia de esta vez fue mayor.
Antes del escrutinio, quienes denunciaban fraude estaban a la izquierda. Luego del mismo, estaban a la derecha.
Tras la divulgación de los resultados oficiales, el partido de gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático (CD), quedó con un senador menos de las 14 curules iniciales que le habían contabilizado.
Uribe, quien en un principio había jugado un rol secundario en esta elección, fue quien lideró esta semana la petición de realizar un reconteo total de las votaciones.
«Dr. Petro, gánese las elecciones, no pretenda robárselas ni imponerse tramando acusaciones de fraude en contra de quienes pedimos cuentas claras», disparó el ex mandatario.
El mismo presidente, Iván Duque, apoyó el martes el reconteo «con el propósito de dar confianza a la ciudadanía sobre la transparencia del proceso electoral».
Y el mismo registrador Vega, un abogado con trayectoria en la gestión electoral pero cuestionado por su cercanía a Duque, consideró que convenía un recuento.
Luego, no obstante, se echó para atrás. La mayoría de los partidos (14 de los 18 delegados) no lo apoyaron. La controversia pasó, pero el precedente quedó marcado.
¿Por qué es tan importante?
En un país tradicionalmente gobernado por una clase tradicional de tendencia de derecha, el favoritismo de Petro es de por sí un desarrollo político inexplorado.
El candidato fue históricamente crítico de la supuesta parcialidad de las instituciones colombianas en beneficio de élites políticas, empresariales y regionales.
Los militantes del Pacto Histórico incluso cuestionan la existencia de una democracia legítima en el país. Por eso, esta elección cuenta con una dosis de tensión especial.
Pero además, la Registraduría Nacional, una institución enorme encargada de la gestión electoral en un país de gran tradición burocrática y leguleya, fue fuertemente criticada durante los últimos meses por supuestas irregularidades.
Al registrador Vega se lo cuestionó por varias cosas, entre ellas, cientos de nombramientos basados en militancia política, fallos en los sistemas de inscripción de cédulas y la elección de jurados con supuesta inexperiencia.
El funcionario negó problemas de fondo e insistió en las garantías de un sistema transparente. «Sobre el manto de dudas del fraude electoral, el que no sienta garantías, o crea que le van a hacer fraude, no debería presentarse», enfatizó.
Mientras que obre la controversia de los comicios del 13 de marzo, Vega defendió «los procesos de capacitación de jurados electorales» y advitió que «en lugar de volver a contar los votos, hay que investigar si las irregularidades encontradas fueron errores humanos o dolo por parte de algunos jurados».
¿Qué implicaciones puede tener?
Los expertos electorales llamaron la atención sobre lo que significa una petición de reconteo, incluso por parte del jefe de Estado, en un sistema que no lo contempla.
«La controversia abre una puerta al terreno de la inconstitucionalidad», explicó Mónica Pachón, politóloga de la Universidad de los Andes.
«Que un presidente le dé una recomendación a un ente que supuestamente es independiente es inaceptable y que un registrador suponga violar la ley electoral cuestiona la confianza y la independencia de un ente que debe tomar decisiones de forma autónoma y debe respetar el debido proceso», agregó.
Por su parte, Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario, indicó: «Queda claro que el sistema electoral colombiano necesita una reforma que garantice no solo su independencia de la política, sino procedimientos de rendición de cuentas más claros y efectivos».
«Una nueva corte electoral, adaptada a los cambios y problemas que ha habido en los últimos años, será un tema que deberá tener en cuenta el nuevo Congreso», añadió.
La última vez que hubo una gran controversia sobre las elecciones en Colombia ocurrió en 1970. La indignación de muchos ciudadanos dio a la conformación del M19, la guerrilla a la que perteneció Petro.
La razón de ser del movimiento armado era que el conservador Misael Pastrana ganó con un fraude al militar nacionalista Gustavo Rojas Pinilla y que, por eso, en Colombia los movimientos populares no tenían garantías para ser parte del sistema democrático.
Pasaron más de 50 años, Colombia cambió, pero aún así sigue siendo un país sin experiencia en la disrupción política, en la llegada al poder de dirigentes que cuestionan el statu quo.
Esa condición de terreno inexplorado marca estas elecciones. Y, desde esta semana, con una añadidura: que tanto en la derecha como en la izquierda hay dudas sobre la credibilidad del proceso electoral. Algo inédito.
