Es ante la posibilidad de que diversos grupos de personas cometan actos de violencia en diferentes regiones del país.
La Policía de Colombia se declaró en estado de máxima alerta luego de descubrir diversos grupos de personas planean cometer actos de violencia en diferentes regiones del país si los resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial del próximo domingo entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández «no les son favorables».
«Nos hemos encontrado con intenciones de generar actos de violencia que han sido llamados a través de redes sociales, de perfiles apócrifos, de perfiles anónimos en la red oscura y en la red profunda, en donde llaman a cometer actos violentos y desconocer los resultados electorales», informó el general Jorge Luis Vargas, el director de la Policía Nacional.
El funcionario no presentó evidencias ni mencionó a ningún candidato ni organización política como posibles responsables, pero si nombró a las denominadas primeras líneas, grupos radicales violentos acusados de disturbios, saqueos y actos de vandalismo durante las manifestaciones antigubernamentales del año pasado.
Esos grupos, acusados de bloqueos de carreteras y de ataques a sistemas de transporte público en las principales ciudades del país sudamericano de 50 millones de habitantes, están conformados en su mayoría por jóvenes encapuchados que usan escudos de madera y se enfrentan a la policía con piedras, garrotes e incluso armas de fuego, según fuentes de seguridad.
Llamado a respetar los resultados
Los colombianos irán a las urnas el domingo para elegir en el balotaje al próximo presidente entre el izquierdista Gustavo Petro, quien promete profundos cambios económicos y sociales para reducir la pobreza, y el independiente Rodolfo Hernández, un empresario de la construcción con un discurso anticorrupción, pese a que es investigado por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato de manejo de basuras.
Entonces, el registrador nacional, Alexander Vega, le pidió horas antes al candidato del izquierdista Pacto Histórico, «reconocer los resultados de las elecciones», al tiempo que le prometió que los comocios serán «transparentes».
«El mensaje para el doctor Gustavo Petro es que deberá respetar y acatar los resultados como lo ha hecho en todas las elecciones en las que ha participado», enfatizó Vega.
«Se le han brindado todas las garantías a él y a todos los candidatos, con auditores informáticos
para los software, con testigos electorales, igualmente con las misiones de observación electoral. Están dadas todas las garantías y es un mensaje claro: él deberá respetar y acatar los resultados», agregó.
Petro alertó la semana pasada en una entrevista con la agencia de noticias Reuters sobre la posibilidad de un fraude electoral.
«Si llegamos a constatar evidencias de esto, lo denunciaremos al país para que se cuente voto por voto», advirtió.
Paridad absoluta
Las encuestas pronostican una cerrada votación entre el candidato de izquierda y Hernández, con un empate técnico pese a la ligera ventaja del empresario de la construcción que fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga.
Supuestos simpatizantes de Petro publicaron en redes sociales llamados para desconocer los resultados de las elecciones si no le son favorables a su candidato y a cometer actos de vandalismo.
Los mensajes parecen reales, aunque la autenticidad de estos no fue verificada por las autoridades.
También publicaron mensajes en las redes sociales incitando a la violencia contra simpatizantes de Petro.
«En máximo estado de alerta frente a hechos de violencia, a personas que desconozcan los resultados de las elecciones la Policía Nacional está preparada con todas sus capacidades», concluyó Vargas.
Se aleja la posibilidad del debate
En tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sostuvo hoy que no es obligatorio que los candidatos presidenciales participen de un debate, tal como ordenó la Corte Suprema de Bogotá.
El CNE respondió así a la solicitud interpuesta ante la Justicia por la ex congresista Ángela María Robledo, quien aseguró que Hernández, aspirante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (populista de derecha), «violó las garantías electorales” de los ciudadanos al rechazar debatir con su rival.
Robledo citó en su demanda las declaraciones del ex alcalde de Bucaramanga, en las que tomó la decisión de declinar su participación en debates de segunda vuelta.
El CNE admitió la petición de Robledo, pero luego rechazó sus argumentos. «La norma no impone a los candidatos la obligación de realizar debates electorales, sino que posibilita hacerlos, presentado la respectiva solicitud conjunta ante el sistema de medios, con el lleno de los requisitos previstos», sostiene la resolución 3135 de 2022 expedida por el máximo ente electoral.
En concreto, Hernández y Petro no están obligados a asistir a debates sino que tienen derecho a exponer sus ideas en al menos tres de estos si así lo solicitan.
«La norma no establece que dicha actividad sea de carácter obligatorio, de allí que solicitar al candidato presidencial asistir a estos no tiene fundamentación alguna», recalcó la CNE, según el diario colombiano El Tiempo.
El máximo ente electoral dejó en claro que los candidatos «pueden utilizar espacios en el Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) para dar a conocer sus eventuales planes de Gobierno».
«Si desean desarrollar un debate allí, deben hacer una petición conjunta, agregó el organismo estatal.
El Tribunal Superior de Bogotá insiste
Sin embargo, en paralelo a la decisión del CNE, el Tribunal Superior de Bogotá concedió una tutela interpuesta por otros ciudadanos y les exigió a los candidatos que a más tardar hoy debían organizar y asistir a un debate de cara a las elecciones del 19 de junio.
El Tribunal argumentó que Petro y Hernández estarían violando el derecho fundamental establecido en el artículo 40 de la Constitución Política.
Según dicho artículo, los ciudadanos tienen derecho a participar de la conformación del poder político mediante, por ejemplo, los debates presidenciales.
Petro aceptó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá; en tanto que su rival la descartó, con el argumento de que la ley electoral colombiana dispone que los candidatos «no hagan declaraciones una vez que se hayan abierto las urnas».
«Desde el lunes ya están votando casi un millón de colombianos que viven en el exterior. Igual mi equipo legal está analizando los alcances de la tutela para tomar una decisión», sentenció Hernández.
En la recta final de la campaña los dos candidatos intentan persuadir a los abstencionistas (45%), en su mayoría jóvenes, y a los indecisos. Es que las encuestas registran un empate técnico en la intención de voto, una elección cerrada.
