El Grupo chileno debe enfrentar a los tenedores de bonos locales, quienes se oponen a su plan.
El Grupo Latam tiene un muy difícil camino que recorrer para conseguir salir del proceso de protección bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, al que se acogió el año pasado para enfrentar el fuerte impacto que ocasionó la pandemia de coronavirus.
El plan elaborado para salir de este esquema -presentado en el último momento del plazo otorgado por el juez- produjo un desplome del valor de sus acciones a niveles históricos y, en su primera semana, ya sumó varios detractores.
La propuesta para salir de la quiebra incluye una inyección de capital por US$ 8.190 millones mediante una combinación de dinero fresco, bonos convertibles y deuda, y diluye a los actuales accionistas en un 99,9%.
Esto significa que, quienes hoy son dueños del mayor grupo aéreo de América Latina, pasarán a contar tan solo el 0,01% del accionariado en la nueva compañía que emergerá del Capítulo 11. Eso sí, tendrán la opción preferente de aumentar su posición aportando nuevos fondos; pero solo hasta un 33%.
«Esta dilución no es grande, es gigante», aseveró Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta4, una corredora de bolsa que en septiembre pasado recomendó salir de Latam por el creciente riesgo que había de que las acciones fueran eliminadas, tal cual como sucedió.
El Grupo Latam tenía 606 millones de acciones y, ahora, se emitirán 600.000 millones de nuevas acciones. «Se multiplicó por 1.000 veces la base accionaria», advirtió.
Este movimiento fue advertido por el Deutsche Bank horas antes de que Latam presentara su informe, asegurando que los accionistas minoritarios podrían perderlo todo. En ese momento, la compañía de servicios financieros modificó su recomendación de «mantener a vender» y comenzó la desescalada.
Fue así como la acción de Latam se hundió un 85% durante las primeras transacciones de la jornada del lunes 29 de noviembre, para luego recuperarse y cerrar en 45,4% a un valor por acción de 512 pesos chilenos (US$ 0,61). Se trató de la mayor pérdida registrada por la compañía desde marzo de 2003. Al día siguiente amplió la caída en 47% y, desde entonces, se mantuvo en esos históricos niveles.
No obstante, el lunes cerró en US$ 0,62 por papel luego de haber iniciado la jornada en torno a los US$ 0,41 con los que terminó una de sus semanas más volátiles.
En tanto, Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, señaló: «Como aún existían negociaciones con los acreedores, se tenía la esperanza de que no llegaran a esta instancia».
«El momento para vender fue durante las horas previas a la presentación del plan. Quienes no lo hicieron y decidieron mantenerse deben saber que es un riesgo muy elevado porque la recuperación puede tardar años», agregó.
Por su parte, el economista Patricio Sepúlveda, quien fue por 10 años el CEO de LAN Chile (hoy Latam Airlines), está de acuerdo con que van a pasar varios años para que los accionistas puedan recuperar su inversión a los niveles de prepandemia.
«Aunque hoy quieras vender para recuperar lo invertido, el negocio no te lo permite, tienen que olvidarse de eso», enfatizó.
Sin embargo, el expresidente de LAN opinó que los papeles del Grupo Latam tienen que comenzar a revalorizarse bajo el nuevo esquema que propone el plan de reestructuración, que -a su juicio- fue «una jugada inteligente».
«Los dueños de Latam se están comprometiendo a inyectar capital fresco sin ninguna expectativa de tener dividendos en el corto plazo. Son accionistas con espalda financiera quienes les van a permitir aguantar este período de cinturón apretado», concluyó Sepúlveda.
Hasta el momento, según lo informado por Latam, el grupo tiene garantizado al menos el 70% de los votos favorables a través de un acuerdo que alcanzó con los principales accionistas y acreedores, representados por los bancos de inversiones Evercore y Sixth Street, respectivamente.
Latam necesita llegar con esos votos favorables a la audiencia de la declaración de divulgación que está fijada para enero de 2022, en la que el juez de la Corte neoyorquina determinará si se puede proceder con el plan. De ser aprobado se inicia el proceso de salida que -según las estimaciones de la compañía- se estaría concretando entre los meses de junio y agosto.
