El ex vicepresidente fue liberado el domingo pasado por un hábeas corpus, tras estar cuatro años y medio en prisión por los sobornos de Odebrecht.
El gobierno de Ecuador anunció el control policial permanente de los movimientos del ex vicepresidente Jorge Glas, excarcelado el domingo pasado por un hábeas corpus por razones médicas y de seguridad, para evitar que salga del país, ya que mientras se tramitan las apelaciones el ex funcionario conservará su libertad.
El consejero presidencial Diego Ordóñez explicó que la vigilancia sobre Glas apunta a evitar que el que fuera número dos de los presidentes Rafael Correa y Lenín Moreno pueda evadir la Justicia, porque pesan sobre él dos sentencias firmes por casos de asociación ilícita (2017) y cohecho agravado (2020).
Glas dejó la cárcel después de que un juez del cantón Santa Elena, en el oeste del país, hiciera lugar a un hábeas corpus, tras cuatro años y medio preso en el penal de Latacunga, la capital de la provincia central Cotopaxi, a 108 kilómetros al sur de Quito.
Ordóñez denunció que en el caso existió un abuso de un recurso constitucional y calificó como «un juez de bolsillo» al magistrado Javier Moscoso, según reportó la agencia Europa Press.
Además de las dos sentencias en firme, Glas tenía abierto un proceso por ser supuesto coautor de un delito de apropiación indebida de fondos públicos, según el diario ecuatoriano El Universo.
«Ante la decisión judicial que concede el hábeas corpus en favor de Jorge Glas, manifestamos nuestro rechazo y desacuerdo jurídico, así como nuestra preocupación por el abuso de las acciones constitucionales», afirmó la Presidencia ecuatoriana en un comunicado previo a la decisión de aprobar un dispositivo de vigilancia sobre el ex vicepresidente.
También la Fiscalía se declaró en desacuerdo con la liberación de Glas, el número dos durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno.
Por su parte, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, insistió en que es necesario que la Justicia ordene que Glas porte un dispositivo de vigilancia electrónica que apoye al trabajo de la Policía en su custodia, de lo contrario se vuelve más complicado el control de sus movimientos fuera de prisión.
Carrillo informó que, tras su salida de la cárcel de Latacunga, Glas es custodiado por la policía desde fuera de su domicilio en Guayaquil, pero que no puede hacer nada más si el sentenciado no porta un grillete electrónico para su vigilancia y monitoreo, algo que el juez no lo dispuso en su fallo.
«Haremos el esfuerzo que la ley nos permita, pero dentro de esos límites siempre habrá una posibilidad (de fuga). Al 100% no se puede garantizar, pero vamos a hacer el esfuerzo», precisó el ministro Carrillo, aunque sin presentar pruebas o indicios claros de un intento de fuga.
Por último, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, reconoció que las autoridades son «conscientes de lo que significaría para el país y este gobierno la fuga del señor Glas, señalando que están seguros del nivel de inestabilidad, convulsión y conmoción que generaría esa supuesta fuga».
Mientras que Edison Loayza, abogado de Glas, sostuvo: «Estamos tranquilos. No hay ninguna intención o indicio de que el ingeniero Glas quiera fugarse del país. Él está saliendo a centros médicos a realizarse exámenes y controles de su salud. La Policía le ha reforzado la seguridad y para él mejor que eso esté ocurriendo. Él sigue cumpliendo su condena fuera de la cárcel», subrayó.
La reacción del Gobierno minuto a minuto
El diario El Comercio publicó tramos del «acta de diligencia», un documento de 11 páginas que muestra que los representantes del Estado no cuestionaron la inminente salida de Glas.
«No tengo nada que objetar», afirmó Alexis Vascones, representante legal del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI, autoridad penitenciaria).
Los otros dos representantes de Estado fueron Jorge Comasisin, delegado por la Policía Nacional, e Iván Pozo, por el Ministerio de Gobierno. Ninguno habló durante el trámite.
El sitio Primicias difundió, con horarios exactos, los vaivenes de la reacción del gobierno del presidente Guillermo Lasso.
A las 20:51, la Presidencia rechazó la decisión y mencionó un desacuerdo jurídico; a las 21:31, el SNAI aseguró que acataba la medida judicial; a las 22:57, el Consejo de la Judicatura informó que no puede iniciar de oficio un proceso disciplinario al juez y que le corresponde al SNAI apelar la sentencia, y a las 23:02, la Presidencia informó que ordenó al SNAI apelar el fallo.
Aun así, la sola presentación de esta impugnación no interrumpe los efectos de la sentencia, por lo que Glas mantendrá su libertad al menos hasta que eventualmente la apelación sea aceptada y el hábeas corpus sea declarado nulo.
¿Hay un pacto político con el correismo?
El ministro Jiménez aseguró que «no hay un pacto político» entre el gobierno de Guillermo Lasso y el correísmo para respaldar una salida de Glas de prisión a cambio de gobernabilidad y apoyos en la Asamblea para la aprobación de leyes.
«El Estado tiene la obligación de vigilar a Jorge Glas. A nadie le interesa que este señor se escape», enfatizó.
El presidente Lasso, a través de un mensaje en Twitter, reiteró que no existe ningún acuerdo o pacto que haya permitido la salida de Glas de la cárcel.
«Yo no pactaría jamás con la corrupción, no hemos pactado con la corrupción. Han dicho algo que no es verdad, no tengo ninguna simpatía por el señor Glas», insistió Lasso.
El prontuario de Glas
El ex vicepresidente cumplía una sentencia de ocho años de prisión por los delitos de asociación ilícita (2017) y cohecho agravado (2020) asociados con la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
Según la Fiscalía, estas dos sentencias estaban ejecutoriadas y una tercera sentencia por el delito de peculado se encuentra pendiente de una apelación.
En diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable ante la corte del Distrito Este de Nueva York de conspirar para violar las previsiones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA, por sus siglas en inglés) mediante una trama que supuso el pago de casi US$ 800 millones en sobornos a funcionarios públicos de 12 países, incluido Ecuador.
La Fiscalía insistió en que durante los procesos quedó demostrada la comisión de los delitos por los que Glas fue sentenciado, aunque éste reiteró en varias oportunidades que «sentenciado sin pruebas y que los casos en su contra son parte de una persecución política».
