Ante la ausencia de una regulación específica, el BCU emitió una serie de recomendaciones para los uruguayos.
El Banco Central de Uruguay (BCU) advirtió a la población sobre los riesgos de usar las criptomonedas, ya que no constituyen «una divisa legal», como sí el peso uruguayo, y que tampoco cuentan «con ningún respaldo bancario».
«Estos instrumentos pueden tener el potencial de contribuir al desarrollo y eficiencia del sistema financiero y de pagos, pero pueden generar nuevos riesgos o exacerbar los existentes, en ausencia de una regulación específica que permita mitigarlos», explicó la misiva del ente financiero estatal.
De esta manera, «la emisión y comercialización de estos instrumentos no son actividades que se encuentren comprendidas dentro de la actuación del Banco Central del Uruguay y, por tanto, no están sujetas a regulación específica en el país», agregó.
Y continuó: «Como consecuencia, quienes operen con estos instrumentos, no les son abarcables las medidas de protección al usuario financiero prestadas por entidades reguladas y supervisadas por el banco».
«Las instituciones financieras no están obligadas a procesar transacciones asociadas a activos virtuales y los comercios no están obligados a aceptarlos como medio de pago», aclaró el BCU en el documento.
Por último, por sus características, algunos activos virtuales favorecen el anonimato y la no reversibilidad de las transacciones, aspectos que pueden exponer a quienes operen con ellos a importantes riesgos, como el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo o el fraude.
El Banco Central recomienda, entonces, «recurrir a información confiable, clara y completa (tanto con relación al instrumento y a la operativa, así como en relación con los proveedores del servicio y de las contrapartes involucradas en la operación), a implementar buenas prácticas en cuanto al cuidado de las claves que controlan el acceso a los fondos y a considerar si los proveedores de servicios de compra-venta, transferencia y custodia de activos virtuales se encuentran sujetos a regulación y supervisión en su país de origen», concluyó.
