El Congreso chileno aprobó el matrimonio igualitario

La Cámara baja resolvió la iniciativa por 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones.

El Congreso de Chile aprobó de manera histórica el proyecto de ley que permitirá el matrimonio igualitario, una iniciativa ingresada hace cuatro años por la administración de Michelle Bachelet y que hoy está en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo y entrar en vigor.

«La Cámara respalda en último trámite el proyecto que regula, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo. Se remite al Ejecutivo para sus trámites de promulgación», publicó Diputados en Twitter.

La Cámara baja resolvió la iniciativa por 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones.

Previamente, el Senado había aprobado el informe con 21 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, tras resolver algunas discrepancias relacionadas a los temas de filiación, derechos laborales y la actualización de la ley de identidad de género, que no contemplaba la de matrimonio igualitario.

La ley contempla otorgar a las parejas del mismo sexo, todos y cada uno de los deberes y derechos de que gozan en la actualidad los matrimonios heterosexuales.

Asimismo, garantiza que no se discrimine a los individuos por su orientación sexual e identidad de género, para efectos de custodia de hijos o hijas, filiación y adopción, estén o no las parejas unidas en matrimonio y hubiesen tenido o no a sus hijos o hijas mediante fertilización humana asistida.

Además, se reconoce la maternidad y paternidad de mujeres y hombres trans en los certificados de nacimiento de sus hijos o hijas, e incluso se determinó que el orden de los apellidos en las parejas del mismo sexo será definidos por los progenitores, y que en caso que no se alcance un acuerdo, el Registro Civil lo someterá a sorteo.

La ley también prevé pensiones para viudos o viudas, así como permisos laborales en caso de nacimiento de hijos o hijas.

Movilh, un movimiento que defiende los derechos de la comunidad LGTBI desde hace 30 años en Chile publicó su declaración oficial: «La resolución es el resultado de todas las luchas por los derechos humanos de las minorías que siempre fueron objeto de los prejuicios, la ignorancia, los estigmas y la desigualdad estructural que, en tantos ámbitos, aún pesa en Chile».

Por su parte, Isabel Amor, directora ejecutiva de Fundación Iguales, una ONG que promovía el tratamiento del proyecto, manifestó que se trata de «un momento histórico e importante» que «significa poder avanzar en derechos, porque todas las personas de la diversidad sexual y de género han sufrido algún tipo de rechazo».

En tanto, la presidente del Senado, Ximena Rincón, sostuvo: «Legislar el matrimonio igualitario significa coherencia con los derechos humanos, con el fin de la discriminación arbitraria. Hoy se da el último paso de un tema que debió zanjarse hace una década», puntualizó.

Asimismo, el vocero de Gobierno, Jamie Bellolio, afirmó que desde la administración de Sebastián Piñera «creen en la familia y en la institución del matrimonio y esta es una manera en la cual se protege a esas familias y sus distintas expresiones, así como para suprimir los discursos de odio hacia un grupo de personas por su orientación sexual o la identificación».

Por último, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, calificó el día como «histórico» y la aprobación del proyecto como un «avance más en materia de justicia e igualdad, con un reconocimiento de que amor es amor».

Rubilar añadió que la luz verde al proyecto «nos permite avanzar como sociedad en dignidad y derechos para muchas personas –hombres y mujeres- que esperan del Estado el reconocimiento simbólico, pero también la protección jurídica de sus relaciones de afecto y amor».

«Es cierto que esto debió resolverse hace muchos años; no somos los primeros, pero estamos convencidos que no seremos los últimos, pues detrás de nosotros vendrán muchos otros países impulsados por dos fuerzas imparables: la libertad y la igualdad», concluyó Rubilar.

Chile, de esta manera, se convirtió en el octavo país de América Latina en incorporar este derecho, junto a Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay, Ecuador y Costa Rica.