De esta manera, el Gobierno de Daniel Ortega ya totaliza 61 organizaciones sin fines de lucro cerradas desde 2018.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló las personerías jurídicas a otras nueve ONG, con lo que totaliza 61 organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018, a petición del gobierno de Daniel Ortega.
Las nueve ONG cerradas son: la Asociación Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur), Fundación de Turismo (Futurismo), Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Acodep) y Federación Coordinadora Superior de Universidades Privadas (Cosup), esta última ligada al político opositor Adán Bermúdez.
También, Club Campestre Las Colinas, Asociación de Graduados de INCAE en Nicaragua, Asociación de Economistas de Nicaragua, Fundación Veritas Humanas, y Fundación Hispanoamericana.
Cantur, al igual que la privada Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), son dirigidas por el empresario sandinista Leonardo Torres, quien por el momento no ha hablado sobre esas medidas.
El decreto fue aprobado con trámite urgente con el voto a favor de 84 diputados, ninguno contra, tres abstenciones, y cuatro ausencias, de los 91 legisladores que integran la Asamblea.
En un documento, el Ministerio de Gobernación argumentó que esas ONG se encuentran acéfalas, que no reportaron sus estados financieros detallados ni presentaron informes sobre el financiamiento de sus proyectos.
Además, agregó que ésas nueve ONG violaron la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
El gobierno de Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, cerró 61 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018, también tres estadounidenses y otras tres europeas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.
En tal sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó nuevamente al Gobierno de Ortega «a liberar a los presos políticos». La respuesta del presidente de Nicaragua fue que tiene «presos a terroristas».
