El Salvador, el primer país del mundo en adoptar al bitcoin como una moneda de curso legal, perdió al menos 12 millones de dólares por la inestabilidad que mostró la criptomoneda, cuyo valor actual es de U$D 43.500, en lo que va del 2022.
Parece una cantidad menor, pero es alta considerando que la inversión en esa criptomoneda por parte de la Administración de Nayib Bukele fue de unos $71 millones de dólares.
Además, las compras de 1.391 tokens por parte de El Salvador con fondos públicos habrían pasado de la cifra mencionada a $59 millones de dólares.
Cabe señalar que esos son cálculos, ya que la transparencia no es uno de los fuertes del Gobierno salvadoreño, por lo que se desconocen datos oficiales.
La crítica de los expertos
Expertos en economía advierten del riesgo de Bukele con la economía de El Salvador, debido al mal desempeño de los bonos del Estado.
En 2021, Bukele impulsó en forma acelerada una ley para hacer de bitcoin una moneda nacional oficial, junto con el dólar estadounidense, la moneda del país centroamericano desde 2001.
«Más del 91% de los salvadoreños quieren dólares, no bitcoins», reveló un reporte de FP Insider, un blog financiero.
«Los problemas financieros de Bukele continúan. El Salvador no puede imprimir sus propios dólares», agregó.
Los expertos además indicaron que el presidente Bukele necesita financiar su fuerte gasto deficitario.
«El Fondo Monetario Internacional no le ha prestado al país los mil millones de dólares que pedía Bukele y ha manifestado su fuerte preocupación por el esquema de Bitcoin», citó el reporte.
El plan de este año de una compra de $1.000 millones en bitcoin podría ser un riesgo severo para El Salvador, sobre todo por la empresa con la pretende hacer la transacción, Bitfinex Securities, una nueva unidad de iFinex.
Esta empresa, que administra el intercambio de criptomonedas, fue multada con $18.5 millones de dólares por el estado de Nueva York en febrero y con $41 millones de dólares por la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos de Estados Unidos en octubre pasado, por repetidas declaraciones falsas y mala administración durante varios años.
