El sicariato -o crimen por encargo- no es una modalidad nueva en Chile, pero sí lo es su expansión, algo que ya fue advertido por las autoridades nacionales y por ende trabajan arduamente en el tema.
Casos como el del empresario Alejandro Correa asesinado en la puerta de su casa en 2020 o el de la enfermera Paola Álvarez apuñalada tras cumplir su turno en la Clínica Cordillera en Las Condes la semana pasada conmovieron y conmueven a los chilenos.
Aunque el caso de la joven profesional terminó en la detención de una ex colega de la víctima y de su pareja, la preocupación por este tipo de delitos va en aumento entre la población.
En ese sentido, es que la llegada de organizaciones criminales al país -constatadas desde 2021 por la Fiscalía Nacional-, serían, al menos, un catalizador.
Quienes comenten este tipo de delito podrían recibir incentivos de hasta 10 millones de pesos, pagados por un autor intelectual, generalmente motivado por «venganza» o «ajustes de cuentas».
Además este actuar no está alejado de bandas dedicadas al narcotráfico, que reclutan a sujetos para cometer estos actos delictivos.
«Si bien estas organizaciones criminales trasnacionales se especializan en actividades económicas, como el narcotráfico o el tráfico de armas, hay otros delitos asociados, como lavado de activo u homicidios, que responden en mayor medida a un ajuste de cuentas», explicó Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab.
Asimismo, Manuel Guerra, ex fiscal regional Metropolitano Oriente y académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, sostuvo que estos fenómenos «están íntimamente relacionados con la llegada de organizaciones criminales al país».
«Estas organizaciones diversifican sus acciones y, dentro de ellas, se dedican esencialmente a atentar contra la vida de otras personas a cambio de una suma de dinero. Por eso, crímenes como sicariato y secuestros, son posible que ocurran en mayor medida tras la instalación de estas organizaciones, así como también de una necesidad de posicionamiento territorial», agregó.
En relación a este tema, la vocera de la Corte Suprema, la ministro Ángela Vivanco, afirmó: «Estas situaciones es bueno revisarlas porque significa de alguna manera, y esto es una terrible desgracia, que empiece a haber una especie de industria delictiva donde personas ofrecen servicio delictivo de esta manera».
Asimismo, instó a «realizar una acción conjunta de todos aquellos llamados a ocuparse del tema, precisamente, para que estas situaciones no se salgan de control», enfatizó.
«Mutación» de las bandas chilenas
Ninguno de los consultados descarta que se comience a dar una proliferación de estos llamados «delitos asociados» de las organizaciones criminales ya instaladas en el país. No solo porque estas bandas se aprovechan de la situación de vulnerabilidad con migrantes ilegales, sino que también de chilenos que buscan imitar este tipo de actividades.
A inicios de junio, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, advirtió este escenario: «Las bandas chilenas se han tenido que poner a la altura del grado de violencia que ejercen los extranjeros».
«Si efectivamente esto se comienza a instalar como parte del paisaje delictual en el país, sin duda aumentarán los delitos», coincidió el ex fiscal Guerra.
«La evidencia nos demuestra que del total de delitos que ocurren, menos del 5% corresponde a extranjeros, pero si lo llevamos a delitos más graves, esa proporción aumenta sobre el 10%. Si miramos los homicidios solo en Arica, al menos 13 de 20 tienen víctimas extranjeras y varios imputados», argumentó.
En suma, el escenario se aleja cada vez más de lo que se conoce como una actividad delictual más tradicional, sino que orientada a un alto nivel de violencia y uso de armas de fuego.
«Hoy estamos viendo que las muertes son el objetivo, se está pidiendo que vayan a matar a una persona y estamos encontrando personas muertas en la vía pública, algo a lo que tampoco estábamos tan acostumbrados. Si encontramos cuerpos con un disparo en la cabeza, claramente podría ser un indicio de un crimen por encargo, por la precisión del disparo», enfatizó la investigadora Lizana.
A ello, se agrega otro factor: la velocidad con la que cambió el perfil de la criminalidad, el mismo que hasta hace al menos tres años era observable en otros países de América Latina.
«Hoy esto lo observamos en Chile. Es cosa de ver que antes del estallido social -para marcar un punto en la historia- no observábamos esto con predominancia, y tampoco es que haya pasado tanto tiempo», completó Lizana.
La población exige acción
El fin de semana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó la presencia en Chile de los carteles Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa y Tren de Aragua; información que ya desde 2021 manejaba la Fiscalía Nacional.
Frente a esta situación, el funcionario planteó el dilema clave en conversación con ADN: «¿Cuál es la estrategia que han implementado los gobiernos para detenerlo?».
La respuesta fue la constitución de un consejo asesor contra el crimen organizado -que sesiona mensualmente- y que incluye al Ministerio Público, a la Comisión de Mercados Financieros, al Servicio de Impuestos Internos y Aduanas, además del fortalecimiento de las unidades de coordinación estratégica, en Iquique, RM y Temuco.
Si bien para el ex fiscal Guerra estas acciones son «valorables», subrayó que lo que se requiere es «sentido de urgencia, porque ya tenemos el fenómeno encima, no hay mucho tiempo para planificar».
En ese sentido, la institucionalidad es clave para combatir los delitos asociados al crimen organizado, dejando atrás el largo proceso de diagnóstico y de aumento de penas ante un fenómeno del que «ya hay evidencia».
«No se saca nada con aumentar penas, porque ya son altas. No creamos que esto va a cambiar porque se hace una amenaza así, eso sería una ridiculez. Este es un fenómeno emergente donde hay que pensar cómo enfocar los esfuerzos para evitar que esto ocurra», aseveró Guerra.
Por eso, adicionalmente a la coordinación del Ministerio Público, policías y los recursos provenientes de Interior, el académico manifestó: «Se requiere un adecuado control de la circulación de armas, fortalecer la capacidad preventiva e investigativa de la PDI y Carabineros, y la especialización del Ministerio Público, para tener más gente destinada a investigar estas organizaciones y en eso, el principal articulador es el Ministerio del Interior», concluyó.
