El texto de la iniciativa legislativa será enviado a la Casa Blanca para que el presidente estadounidense, Joe Biden, lo firme y entre en vigencia.
El Congreso de Estados Unidos sancionó un proyecto de ley que le da al Gobierno de Joe Biden la autoridad para adoptar «nuevas sanciones» contra Nicaragua y exigir «elecciones justas», en la víspera de los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el próximo domingo.
El texto fue aprobado por la Cámara de Representantes por 387 votos contra 35, después de que el Senado le diera media sanción, y ahora debe ser promulgado por el mandatario.
Esta nueva ley permitirá imponer sanciones a funcionarios del Gobierno de Daniel Ortega, miembros de su familia e integrantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, y habilitará sanciones a empresarios a los que se los acuse de corrupción.
También podrán ser objeto de sanciones funcionarios del Banco Central nicaragüense, miembros del Consejo Supremo Electoral e integrantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus familias.
Las elecciones de Nicaragua se celebrarán este domingo con la participación de más de 10 partidos políticos y con siete aspirantes presidenciales y una treintena de dirigentes opositores arrestados por «traición a la patria».
Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista de 75 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, buscará su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, en un proceso de «extrema preocupación» rodeado de un «clima de represión», según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En medio de cuestionamientos internos y externos a la legitimidad que tendrán los resultados, los comicios serán observados por 180 «acompañantes» invitados por el Gobierno, que rechazó la fiscalización internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), organismos que, al igual que la oposición, ya adelantaron quejas por considerar que la cita electoral carecerá de transparencia.
En tanto, el Gobierno insiste en acusar a sus opositores de «golpistas», «traidores a la patria» y «lavado de dinero».
En este contexto, más de 30.000 policías y soldados comenzaron a desplegarse desde el lunes pasado para garantizar la seguridad durante las elecciones que se desarrollarán en los más de 3.000 centros de votación este domingo.
