Cerca de un centenar de policías y elementos de la Guardia Nacional y el Ejército desalojaron ayer a 381 migrantes, en su mayoría centroamericanos y mexicanos, que permanecían desde hace casi un año en un improvisado campamento que fue instalado en la entrada de un cruce fronterizo entre la ciudad mexicana de Tijuana y Estados Unidos, con el objetivo de reubicarlos en otra zona.
Los cientos de carpas, cubiertas con bolsas y lonas, que habían colocado los migrantes en los alrededores de la garita «El Chaparral» en Tijuana, estado de Baja California, fueron derribadas con la ayuda de excavadoras y camiones mientras que sus habitantes cargaban en bolsas y maletas sus escasos enseres, ropa y juguetes, para ser trasladados a tres albergues de la localidad.
Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) anunciaron a los migrantes que solo podrían llevarse tres cambios de ropa a los albergues en donde serían reubicados.
«Fue una reubicación que se tenía que llevar a discreción para evitar algún colapso”, afirmó la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, al explicar a la prensa las razones que llevaron al desalojo del campamento.
«Hubo personas que se empezaron a ir y empezaron a subir por su voluntad, sin usar la fuerza pública, a los camiones que van a los distintos albergues», dijo a la prensa la alcaldesa de la ciudad, Montserrat Caballero.
La funcionaria señaló que los agentes que participaron en el operativo iban sin armas, pero la decisión generó molestia entre los migrantes que habitaban el campamento, el cual llevaba poco menos de un año de instalado.
Luego del desalojo, las autoridades comenzaron a destruir las casas de campaña que usaban los migrantes al igual que ropa y enseres domésticos como televisores y muebles.
El Chaparral
El campamento comenzó a formarse a finales de enero de 2021, luego de la llegada al gobierno del presidente Joe Biden y que las autoridades estadounidenses comenzaran a contener el flujo de extranjeros en cumplimiento de las políticas que obligan a los migrantes a esperar en México sus audiencias en cortes de inmigración y por las medidas de salud pública relacionadas con la pandemia del coronavirus.
El asentamiento se había convertido en un dolor de cabeza para las autoridades de los dos países debido a que estaba afectando el tránsito por uno de los tres pasos peatonales hacia la ciudad estadounidense de San Diego, por el que solía pasar una media de unas 12.000 personas a diario.
Activistas y organizaciones humanitarias habían expresado preocupación por la situación en la que vivían los cientos de migrantes, muchos de ellos niños, en el improvisado campamento.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México exhortó el año pasado a las autoridades mexicanas a garantizar el respeto a los derechos humanos de los habitantes del campamento de «El Chaparral» y privilegiar las acciones de seguridad y protección a dicho grupo.
El desalojo del campamento generó cuestionamientos de algunos activistas y defensores de derechos de los migrantes.
«Los migrantes centroamericanos y los mexicanos desplazados son seres humanos. Ellos no representan amenaza a México», afirmó en su cuenta de Twitter Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, al rechazar el desalojo del campamento, hecho que consideró como una «vergüenza».
Decenas de migrantes, principalmente de Centroamérica, cruzan México para pedir asilo en Estados Unidos ante la violencia y pobreza que se vive en sus países.
Sin embargo, en el camino son víctimas de la delincuencia organizada o de las propias autoridades mexicanas.
Las autoridades mexicanas reforzaron sus operativos para combatir el flujo migratorio. Apenas el 9 de diciembre, un tráiler que trasladaba a 160 migrantes irregulares chocó con un puente peatonal en una carretera de Chiapas (sur) dejando 56 muertos, en su mayoría guatemaltecos.
