Se oficializaron los candidatos para las elecciones presidenciales de noviembre próximo
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, en medio de una grave crisis política con candidatos opositores detenidos, inhabilitados o proscriptos, oficializó el listado preliminar de las seis fórmulas presidenciales para las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, donde Daniel Ortega buscará su cuarta reelección consecutiva y su quinto mandato.
El binomio oficialista por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) será el que integran Daniel Ortega (presidente) y Rosario Murillo (vicepresidenta); y la fórmula por el Partido Liberal Constitucional (PLC) será la que conforman Walter Eden Espinoza Fernández (presidente) y Mayra Consuelo Arguello Sandoval (vicepresidenta).
En tanto el resto de las candidatos serán por el Camino Cristiano Nicaragüense (CCN): Guillermo Antonio Osorno Molina (presidente) y Violeta Jannette Martínez (vicepresidenta); y Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN): Marcelo De Jesús Montiel Fernández (presidente) y Jennyfer Del Carmen Espinoza Blen (vicepresidenta).
Además participarán por el Partido Alianza por la Republica (APRE): Gerson Gutiérrez Gasparín (presidente) y Claudia María Romero Cuadra (vicepresidenta); y por el Partido Liberal Independiente (PLI): Mauricio Orue Vásquez (presidente) y Zobeida del Socorro Rodríguez Díaz (vicepresidenta).
En la misma jornada también se elegirán 90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados del Parlamento Centroamericano.
La campaña electoral, que comenzó el 21 de agosto, finalizará el 3 de noviembre. Y tras la realización de las elecciones el 7 de noviembre, está previsto que el 15 del mismo mes haya resultados provisionales.
La toma de posesión del nuevo presidente ocurrirá el 10 de enero de 2022, mientras que los diputados de la Asamblea Nacional lo harán el 9 de enero y los diputados para el Parlamento Centroamericano lo realizarán entre el 15 de enero y el 15 de febrero del mismo año.
Pero estas elecciones están marcadas por la cancelación de las personerías jurídicas de Restauración Democrática (PRD), Partido Conservador (PC) y Ciudadanos por la Libertad (CXL), que en su momento representaban un vehículo para las opositoras Coalición Nacional y Alianza Cívica.
Nicaragua atraviesa una grave crisis política, ya que hasta el momento al menos 34 políticos opositores están detenidos acusados oficialmente de cometer el delito de «conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional».
La mayor parte del grupo fue detenido por presuntamente violar la controversial ley 1055 aprobada por la Asamblea Nacional en 2020 para la «defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz».
Figuran entre estos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Noel José Vidaurre Argüello, Medardo Mairena Sequeira, Miguel Mora Barberena y Juan Sebastián Chamorro.
En relación con esto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la «brutal escalada de represión y persecución contra líderes sociales y políticos» y señalado que «es evidente que el régimen de Ortega Murillo pretende mantenerse en el poder a costa del terror».
«En noviembre no habrá elecciones, será un simulacro perverso que lesiona nuestra dignidad y nos arrebata el derecho humano a elegir y ser elegidos. En este mecanismo no existe posibilidad de elegir una opción opositora que lleve al país a un proceso de transición democrática, todo seguirá igual hasta que Nicaragua tenga unas verdaderas elecciones libres en las que se respete la voluntad de la mayoría», sentenció.
Frente a esta situación, el presidente Ortega señaló: «Los enemigos de la revolución, los enemigos del pueblo, están gritando que pobrecitos, que cómo es posible que estén detenidos, presos, procesados», al tiempo que le restó importancia a las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá «para doblegar a Nicaragua».
La situación en Nicaragua, uno de los países de menor desarrollo humano de América Latina, es cada vez más tensa. En abril 2018 estallaron las protestas sociales contra la reforma del seguro social, que aumentaba la cuota patronal y laboral y crea una nueva cotización para los jubilados.
Las violentas manifestaciones masivas en todo el país fueron las primeras en los hasta el momento 11 años de gobierno de Ortega, y dejaron un saldo de cientos de muertos y un clima de tensión en el país.
