El presidente de Perú sugirió una consulta popular para decidir si su país le concede una salida al mar a Bolivia.
Pedro Castillo, el mandatario de Perú, sugirió en una entrevista que iba a hacer una consulta a la ciudadanía para decidir si su país le concede una salida al mar a Bolivia y un bloque de congresistas de la oposición expresó que no solo no es «admisible» sino que además es «constitucionalmente inviable».
Castillo no anunció formalmente una consulta popular para dirimir un tema sensible que – desde hace más de un siglo- tensa las relaciones entre Perú, Chile y Bolivia.
Sin embargo, en una entrevista difundida el 25 de enero se declaró abierto a preguntar «al pueblo» sobre este tema.
«Le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste», respondió el mandatario ante la pregunta de si pensaba que Perú podía darle una salida al mar a Bolivia, como él mismo afirmó antes de ser candidato presidencial y de ganar las elecciones en 2021.
«No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia», aclaró a continuación el gobernante izquierdista peruano.
El daño ya estaba hecho
«No consideramos admisible que quien está a cargo de la política exterior y las relaciones internacionales anuncie una consulta popular constitucionalmente inviable», explicó un «pronunciamiento» suscrito por 10 miembros de la Comisión de Constitución del Congreso, encabezados por su titular, la opositora Carmen Patricia Juárez.
Los 10 legisladores (de 41 que integran la Comisión de Constitución, la más influyente del Congreso) indicaron en su pronunciamiento que el territorio peruano es «inalienable e inalterable» y que el mandatario debe defender la «integridad y soberanía del Estado».
Además, sostuvieron que la Constitución «impide que sean sometidos a referendo los pactos internacionales vigentes, como lo es el Tratado de Rectificación de Fronteras firmado entre el Perú y Bolivia en 1909».
Por su parte, la Cancillería destacó en otro comunicado que Perú «ha expresado en diversas oportunidades su más amplio espíritu de solidaridad y comprensión en relación a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia».
Además, recordó que, en una reunión ministerial binacional, el pasado 30 de octubre, Castillo ratificó «el compromiso del Perú de brindar las mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías bolivianas, a través de su territorio y de sus puertos».
Estos tres países andinos todavía tienen roces por la guerra del Pacífico (1879-1884), que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia.
En la contienda, Perú perdió sus provincias más australes y Bolivia su salida al mar a manos de Chile.
Castillo no tiene paz
«Estoy aprendiendo cada día», aseguró el presidente de Perú en varias entrevistas y de forma tácita admitió errores y dejó en duda si está preparado para afrontar los cuatro años y medio de gobierno que tiene por delante.
Castillo, un maestro rural de izquierda que ganó en junio una elección turbulenta y ensombrecida por acusaciones -hasta hoy infundadas- de fraude, no tuvo un comienzo fácil.
Un sector importante de la oposición de derecha, radicalizada por una campaña electoral tóxica, le negó la legitimidad, y las expectativas de buena parte de la población ya eran muy bajas cuando juró el cargo el 28 de julio de 2021, debido a la visible improvisación de su candidatura y las posiciones radicales de su partido, Perú Libre.
Pero su triunfo fue inobjetable ya que se impuso a sobre de Keiko Fujimori por 44.058 votos de diferencia.
Sin embargo, su Gobierno arrancó de forma caótica, porque el mandatario no pudo presentar un primer gabinete completo, aparentemente, por la negativa inicial de algunos ministros, previstos para el cargo, a juramentar en un Ejecutivo liderado por un político altamente controvertido.
El conflictivo Guido Bellido, investigado por apología del terrorismo, estuvo menos de tres meses en el cargo de jefe de gabinete; en tanto que el ministro de Exteriores, Héctor Béjar, acorralado por viejos ataques a las fuerzas de seguridad, no duró ni siquiera uno.
La impresión, para muchos observadores, es que las exigencias de Perú Libre y otros grupos aliados por tener sus propias cuotas de poder, sumadas a la inexperiencia y la falta de pericia de Castillo para elegir a su entorno, resultaron en una combinación devastadora.
La torpeza política de Castillo quedó en evidencia también con la facilidad de lobistas de reputación dudosa para beneficiarse del Gobierno e incluso con la elección de su propio secretario presidencial, Bruno Pacheco, al que un fiscal encontró varios miles de dólares en efectivo, ocultos en un baño del mismo Palacio de Gobierno, en una investigación que alimenta el temor a la corrupción en un país plagado de tramas corruptas en las últimas décadas.
Aprobación en baja y el fantasma de la destitución
Los constantes errores mermaron más la ya baja popularidad del presidente, cuya gestión es desaprobada ahora por el 60% de los peruanos, según cifras de la encuestadora Ipsos publicadas a mediados de enero.
Los índices de desaprobación debilitaron aún más a un Ejecutivo endeble desde su nacimiento, tanto por los cuestionamientos a la legitimidad del presidente, como por la falta de una mayoría propia en el Congreso.
La propia bancada de Perú Libre no apoya de manera decidida a Castillo. Así que el jefe de Estado está condenado a intentar un difícil equilibrio para satisfacer a los sectores más radicales de su partido, por un lado, y buscar el consenso con otras bancadas más al centro del espectro político, por el otro, para poder gobernar.
La propensión del mandatario a cometer errores augura un panorama sombrío. Y el descrédito del propio Congreso, una institución con un papel protagónico como detonadora de las recientes crisis políticas peruanas, aumenta el peligro para la estabilidad política.
Castillo ya tuvo que hacer en diciembre frente a una iniciativa para organizar una moción de vacancia, un intento de la cámara por sacarlo del poder en base a la anacrónica y difusa figura de la «incapacidad moral» contemplada en la Constitución, que condujo a la caída de dos presidentes en los últimos cuatro años.
El fantasma de la «vacancia», símbolo de las constantes crisis políticas de Perú en el último lustro, ronda a Castillo desde los primeros días. En los corrillos políticos de Lima se da por sentado que el primer intento de destitución no será el último.
Varios aciertos
Las visibles carencias de Castillo opacan incluso los pocos logros de su Gobierno, como haber conseguido mantener e impulsar la campaña de vacunación heredada de la gestión previa.
Perú, uno de los países más afectados por la pandemia, tiene una tasa de vacunación de alrededor del 75%, similar a la media de la Unión Europea. Además, empezó a vacunar recientemente a niños a partir de los cinco años.
También la gestión económica estuvo muy lejos de la hecatombe, presagiada por los sectores opositores más radicales.
Los malos augurios pesan más, sin embargo, por la incapacidad mostrada por el propio presidente para gobernar y por la forma en que dilapidó un capital político que ya era ínfimo al momento de arrancar.
