En tanto, la vicepresidente Boluarte acusó a «la derecha de no deja gobernar» ante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.
La congresista de Avanza País Norma Yarrow presentó una denuncia constitucional contra la vicepresidente de Perú, Dina Boluarte, porque, presuntamente, intervino en la gestión de una asociación privada mientras ya era funcionaria pública, de acuerdo al informe de la Contraloría General de la República.
El organismo reveló que Boluarte omitió en su declaración jurada de intereses que era presidente del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac.
Por tal motivo, Yarrow la acusó frente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República. Y otro congresista, Javier Padilla, de Renovación Popular, la secundó.
La legisladora de Avanza País presentó la denuncia que recomienda inhabilitarla por diez años de la función pública a la también ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Esto por infringir los artículos 2, numeral 2; 38 y 126 de la Constitución.
Además, Boluarte cometió los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible, de acuerdo a la acusación.
En el detalle del documento, al cual accedió Infobae, se adviertió que Dina Ercilia Boluarte Zegarra «no se consignó el nombre del cónyuge de su hermana René Boluarte Zegarra, el señor Alfredo Florentino Pezo Paredes, quien, si figura en la Declaración Jurada de Intereses realizada por la hermana de la ministra denunciada, tal como se aprecia en dicho documento». Por este acto, infringió el artículo 2 de la Constitución.
Luego se mencionó que Boluarte «omitió consignar a su cuñado Alfredo Florentino Pezo Paredes en su Declaración Jurada de Intereses, incumplió lo dispuesto en el artículo 377 pues no entregó la información completa en su declaración omitiendo el nombre referido permitiendo que este último pueda contratar libremente con el Estado pese a estar prohibido».
Además, la denuncia recogió lo detectado por la Contraloría respecto a la omisión de Boluarte, quien no informó que ocupaba cargos directivos en la Asociación Privada Club Departamental Apurímac y en la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Por ello, la titular del MIDIS infringió el artículo 38 de la Constitución.
Yarrow también adjuntó en su acusación un cuadro con los documentos que Boluarte firmó en las mencionadas asociaciones.
Al respecto se observó que Boluarte «efectuó actos de gestión como presidenta del Consejo Directivo de la asociación Club Departamental Apurímac, al haber suscrito diversos documentos de carácter público descritos en los acápites B.3 y B.4 del informe, por lo que vulneró el artículo 126 de la Constitución Política del Perú”.
«Los ministros de Estado no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. No pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas», reza la Constitución.
Esto último, que también alude al artículo 126 de la Carta Magna, es lo más agrava la situación de Boluarte.
El escenario al que se enfrentará Boluarte
Ernesto Álvarez, ex presidente del Tribunal Constitucional, señaló que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales «vería primero la situación. Después, con la fuerza de los votos, el caso Boluarte pasaría a la Comisión Permanente y, finalmente, al Pleno, donde con la mitad más uno pueden inhabilitarla»
«El proceso de la vicepresidente podría durar unas tres semanas como mínimo o un mes como máximo», agregó.
Y continuó: «Dina Boluarte va ser llamada a la subcomisión (Acusaciones Constitucionales) e irá con sus abogados. También existe la posibilidad de que haya reprogramaciones. Lo mismo podría pasar cuando acuda a la Comisión Permanente y al Pleno antes de que se efectúe la votación», señaló.
El constitucionalista Omar Cairo, en tanto, afirmó: «Si Boluarte cometió infracción constitucional, lo que correspondería es que se le inicie un juicio político para que en ese procedimiento parlamentario reciba una sanción razonable que podría ser la suspensión o destitución del cargo de ministro».
«Para que la inhabilitación de Boluarte se efectúe se necesita 2/3 de votos del nuevo legal de congresistas. Según el reglamento del Parlamento, cuando se trata de la aprobación de una acusación constitucional y su posterior sanción, los 32 miembros de la Comisión Permanente -en la que están incluidos los integrantes de la Mesa Directiva liderada por María del Carmen Alva- no hacen uso de su voto», añadió.
«Con esto, solo quedarían 98 legisladores hábiles para votar. Allí entraría a tallar el 2/3 de votos que serían 65 para aprobar la acusación constitucional contra Dina Boluarte», concluyó Cairo.
Boluarte desde Suiza acusó «a la derecha de no dejar gobernar»
La vicepresidente de Perú exhortó a líderes de todo el mundo y a empresarios a invertir en su país y denunció, ante el Foro de Davos, que la derecha «no le permitió gobernar en paz a Pedro Castillo desde que asumió la presidencia».
«Quiero reiterar a la comunidad empresarial que el Perú brinda confianza para poder invertir en el país», resaltó Boluarte, quien se quejó de que en los 9 meses de gestión «la derecha en el país, si así se puede denominarla, no quiere reconocer el triunfo legítimo del presidente Pedro Castillo».
La vicepresidente, además ministro de Desarrollo e Inclusión, defendió las políticas sociales del Ejecutivo para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus.
«Desde el primer instante en que el presidente y yo juramos servir al pueblo peruano no nos han dejado gobernar en paz», reiteró, según la agencia de noticias AFP.
El Congreso peruano, muy fragmentado y controlado por la oposición derechista, intentó varias veces sin éxito destituir al presidente y cuestionó de modo permanente a los ministros.
Boluarte defendió sus políticas sociales y destacó que Perú «creció más del 13% en 2021, a pesar de la situación de pandemia, y gracias al manejo responsable de la economía desde las elecciones presidenciales de julio, invitando a los inversores a ir a Perú».
