La «tregua» entre el oficialismo y la oposición en Perú, anunciada hace una semana por portavoces de ambas partes, dio paso a nuevos llamados para la destitución del presidente Pedro Castillo, acompañados esta vez por advertencias de que tendrá su «cuota de sangre».
Los analistas, que vislumbraban que la «tregua» no iría más allá del 8 de marzo, cuando el gabinete ministerial buscará el voto de confianza del Congreso, se quedaron cortos: los tambores resonaron antes de lo esperado e incluso con más fuerza.
El detonante fue la empresaria Karelim López, una lobbista que, en medio de acciones fiscales en su contra, pidió acogerse a la «colaboración eficaz» para revelar supuestos secretos sobre corrupción en el entorno gubernamental.
La noticia tuvo fuerte eco: pronto trascendió que López, entre otros casos, está dispuesta a testificar sobre la supuesta existencia de una red que maneja contratos irregularmente desde el Ministerio de Transporte, con aval de Castillo.
De esa red, según acusaciones atribuidas a la promotora de empresas privadas, forman parte sobrinos y otros allegados al jefe de Estado.
Empero, el alcance de su testimonio no está aún claro, debido a que su abogado, César Nakazaki, ya negó algunos dichos atribuidos por la prensa a su cliente.
El jefe del gabinete, Aníbal Torres, trató de restarle fuerza al asunto: «No es colaboradora eficaz, sino aspirante a colaboradora (figura con la que se obtienen beneficios penales a cambio de información clave). Los hechos que menciona deben ser corroborados», subrayó.
«Cuota de sangre»
Pero la noticia hizo que los partidos de derecha reinstalaran la idea de sacar pronto al mandatario, quien, en menos de ocho meses de gestión, ha acumulado numerosas sospechas aprovechadas por sus adversarios.
En ese marco, se hizo pública una conversación virtual en la que el parlamentario más proactivo por la vacancia (destitución), Jorge Montoya, admitió que podría haber violencia.
«La vacancia va a ser complicada. No va a ser como la de (Martín) Vizcarra (destituido en 2020) o la de (Pedro Pablo) Kuczynski (que renunció en 2018 cuando era inevitable que lo sacaran). Esta vacancia va a tener su cuota de sangre», disparó Montoya, almirante en retiro, ante simpatizantes.
El parlamentario del partido ultraconservador Renovación Popular no intentó desdecirse cuando publicaron los audios: «Castillo tiene apoyo y ha estado llamando a la gente para que venga a defenderlo. Eso genera una cuota de sangre, choque, enfrentamiento», insistió.
Para los expertos, las declaraciones de Montoya son «peligrosas», en especial por los nexos que tiene con militares en retiro y que supuestamente se extienden a grupos de ultraderecha que desde hace meses ejecutan acciones de violencia.
«Montoya está creando una situación de zozobra y pánico para que salgan militares en retiro y grupos ultraderechistas (como La Resistencia o Los Combatientes) para hacer caer al Gobierno», opinó el abogado Juan José Quispe, de la ONG Instituto de Defensa Legal.
El investigador social Luis Hallazi, por su parte, consideró que el congresista «rompe el orden democrático y llama a un golpe con derramamiento de sangre en el marco de una escalada fascistoide».
No obstante, una semana atrás, Montoya, que se dice que está empeñado en una cruzada contra «el comunismo», sorprendió al sumarse a las voces que hablaban de «tregua». Fueron días en que a los congresistas de derecha se les podía ver abrazados en fotos con colegas del partido oficialista Perú Libre.
Tregua frágil
Los analistas advirtieron en ese momento de la fragilidad de una «tregua», motivada solo, según su lectura, en la necesidad de justificar el voto de confianza para el gabinete de Torres a pesar de las dudas que genera.
La maniobra viene con presente griego: si se niega ese voto, todos los ministros deben renunciar. Pero sería la primera negativa de una moción de confianza y, por Constitución, en una segunda el Ejecutivo puede cerrar al Legislativo. Es decir, el Congreso quedaría con la soga al cuello.
El ruido generado por López volvió a poner pronto los reflectores sobre un Gobierno debilitado no solo por la ofensiva opositora permanente, sino, como reconocen incluso aliados, por «errores no forzados» de Castillo. La tregua se quebró.
Sin embargo, esto no le permite a la oposición radical superar su gran obstáculo: en el Congreso no hay condiciones para reunir los 87 votos necesarios (de 130) para la vacancia.
La derecha, con 43 votos, no logra sumar a su causa a la centroderecha y el centro, que tienen 45. Los restantes son de la izquierda oficialista.
Peor aún para las cuentas provacancia: la denuncia sobre la supuesta red de corrupción involucra a tres congresistas del partido centroderechista Acción Popular (AP) que, según López, toman parte en las irregularidades.
La mayoría de la bancada acciopopulista (de 15 miembros) parecía cerrar filas en torno a sus compañeros Juan Carlos Mori, Raúl Doroteo y Carlos Zevallos –al margen de que el partido los someterá a investigación interna-, con lo que la opción de lograr los 87 votos se evapora aún más.
«Queremos confirmar que no habrá Manuel Merino II en Acción Popular», señaló el portavoz de AP, Darwin Espinoza, en referencia a su compañero de partido, quien por la reacción de los peruanos no pudo consolidarse como presidente tras destituir a Vizcarra. Así, subrayó que su partido no apoyará la vacancia a menos que haya sólidos fundamentos.
Merino pertenece a una facción interna de AP, que es ideológicamente cercana a la derecha radical.
También ahí está la actual presidente del Congreso, Maricarmen Alva, potencial sucesora de Castillo en caso de vacancia y a quien Espinoza acusa de estar «apurada» por tomar el poder.
El próximo round entre un Gobierno que según encuestas tiene alrededor de 70% de rechazo popular, y un Congreso que pasa de 80%, será el martes, con la presentación de Torres, que se hará en pleno fragor de «guerra y no el aire de tregua que una vez se pretendió».
