La intervención de la iglesia católica fue clave para destrabar el conflicto que duró 18 días.

La intervención de la iglesia católica fue clave para destrabar el conflicto que duró 18 días.
Además, decretó un nuevo estado de excepción en las provincias andinas de Imbabura y Azuay y en las amazónicas de Sucumbíos y Orellana.
El alcance del consentimiento de los grupos indígenas para hacer reformas genera dudas entre los constitucionalistas.
Reclaman medidas como la congelación de los precios de los combustibles a tasas más bajas o la extensión de los plazos de las deudas de los pequeños agricultores.
El artículo 21, presentado por la Comisión de Derechos Fundamentales, fue aprobado por la Convención Constitucional.