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Termina la labor de la Convención: normas y momentos más polémicos

Chile, Política

Culminó el trabajo de la Convención Constituyente. Luego de casi un año hay una nueva propuesta de Constitución que será aprobada o rechazada por el pueblo chileno el próximo 4 de septiembre.

Si bien la mayoría de los chilenos votó a favor de una nueva Carta Magna, tras casi un año de la Convención, esa mayoría ahora se manifiesta decepcionada en medio de escándalos y erradas decisiones, que desdibujaron el proceso que se suponía implicaba seriedad, compromiso, y sobre todo la redacción de un texto que representara a todos los chilenos.

“El balance general es el de una oportunidad perdida”, así lo afirmó el académico Rodrigo Correa, quien ha seguido de cerca los devenires de la Convención Constitucional.

La opinión del académico coincide con las recientes encuestas que revelan que la mayoría de los chilenos están a favor del rechazo, ubicando la confianza en la Convención en su punto más bajo.

Hay una frase popular que dice que “lo que empieza mal, termina mal”; es así como el papel de la Convención desde un primer momento dejó un mal sabor para un pueblo que estaba esperanzado en que se vendrían cambios positivos para el país, pero que hoy se dan cuenta de que eso no sucedió.

¿Una Convención sin himno ni bandera?

Durante décadas, el pueblo chileno ha usado sus banderas como símbolo de orgullo y de representación de un país que durante años ha sido un gran ejemplo a seguir para la región; sin embargo, durante la inauguración de la Convención el pasado 4 de julio de 2021, se dudó sobre la implementación de la bandera y el himno. De hecho, algunos convencionales abuchearon el himno mientras pedían por los presos políticos; y posteriormente el constituyente Galleguillos propuso en el recinto cambiar el himno por «plurichile en tu cielo azulado».

Lo mismo sucedió el pasado lunes 16 de junio en las ruinas de Huanchaca, en que se presentó el borrador constitucional de 499 artículos, en un acto que fue descrito como solmene, sin embargo, la Convención decidió no usar banderas chilenas ni el himno nacional; una situación que molestó a la mayoría del pueblo chileno que quiere una nueva Constitución pero que no está dispuesto a perder su identidad como país.

Entre escándalos, mentiras, disfraces y duchas

Durante el primer día, mientras un cuarteto de cuerdas de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) intentaba interpretar el himno nacional, constituyentes gritaban e interrumpían sin importar que se trataba de niños encargados de iniciar una sesión “solemne”.

 

Luego, a pocos días de iniciar el proceso de discusión y redacción de las normas, se dio un escándalo que ensució de alguna manera la credibilidad de los constituyentes. Se trata de la renuncia del convencional Rodrigo Rojas Vade, tras reconocer públicamente que no padecía de cáncer, enfermedad que aseguró tener y que fue un pilar en su campaña para llegar a la Convención.

A ese momento se suma la votación del convencional Nicolás Núñez (Federación Regionalista Verde) en la comisión de Medio ambiente que al emitir su voto en público gritó que en ese momento “se estaba duchando” porque se “ha metido al baño”.

Núñez fue el mismo que en octubre tomó la guitarra y se puso a cantar: ‘Yo soy constituyente, Jaime Bassa está rico y crujiente / Yo soy un constituyente, peladito Atria de la suerte…’

A esos impactantes momentos se suman las ocasiones en que constituyentes decidieron presentarse en el Congreso vestidos con disfraces. Los convencionales Giovanna Grandón y Cristóbal Andrade se disfrazaron de ‘Tía Pikachu’ y ‘Dino Azulado’, justificando su performance en nombre ‘del pueblo’.

Una de las últimas polémicas surgió con las invitaciones para el cierre de la Convención. Por un lado se pensó no invitar a los expresidentes con la excusa del aforo, pero por el otro, se invitó a polémicos personajes de la política chilena como el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y el ex vocero de la ACES Víctor Chanfreau, quien boicoteó la Prueba de Selección Universitaria de 2019 y mantuvo tomado en Instituto Nacional de Derechos Humanos durante ocho meses, entre julio de 2021 y marzo de 2022.

Las normas más polémicas aprobadas por la Convención

Además de una instalación y un cierre de la Convención, llenos de omisiones hacia los símbolos patrios, de meses llenos de escándalos, mentiras y disfraces, al hacer su trabajo los constituyentes aprobaron leyes que ponen en tela de juicio el futuro del país.

Adiós al Senado: Una de las normas más discutidas tiene que ver con la eliminación del Senado y una nueva estructura del Poder Legislativo, compuesto por el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones.

No será un país, sino una plurinación: Según el borrador, las regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales tendrán “personalidad jurídica y patrimonio propio y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la república”.

Además se establece que Chile se dividirá en 11 naciones: “Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley”.

Justicia “especial” para los pueblos originarios: Otro de los artículos que también generó debate es el vinculado con el de “pluralismo jurídico”. La norma permite la creación de tribunales para los pueblos originarios que coexistirían coordinados en un Sistema Nacional de Justicia. Sin embargo, sus críticos apuntan a que esto generaría un sistema paralelo de justicia que terminaría con el principio de “igualdad ante la ley” y beneficiará a los pueblos originarios.

Propiedad privada y expropiación con “justo pago”: El texto de la Convención establece en el artículo 20 del punto 256: “Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado”.

Este artículo ha generado en la población más dudas que respuestas, y en general ha causado preocupación entre la clase trabajadora que siente que en cualquier momento su vivienda, su tierra o su negocio podría ser expropiado bajo el alegato de “ser de utilidad pública”.

Pero el miedo de perder una propiedad no es el único riesgo que está establecido en el texto, pues cuando se habla de indemnizar por el “justo precio” no se detalla cómo, quién y en base a qué sería calculado el monto de pago.

¿Y los ahorros de los trabajadores?: El caso particular de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) genera una total incertidumbre, pues el nuevo texto no hace referencia alguna a ellas, dejando un gran vacío sobre qué sucederá con el dinero de los trabajadores.

Se trata de un vacío que posteriormente, de ser aprobado el nuevo texto, podría ser interpretado a conveniencia por el gobierno o funcionarios de turno.

De aprobarse la nueva Constitución, se desconoce qué pasará con las AFP, si podrá mantenerse la heredabilidad, o si por el contrario la decisión será tomada por los políticos en el poder al momento de hacer las leyes relacionadas.

Indígenas con poder de veto: Los constituyentes decidieron no modificar la norma del borrador que establece que los pueblos indígenas deberán dar consentimiento a todos los cambios que deseen hacerse en el texto en caso de que gane el Apruebo. Los chilenos entonces no solo deberán esperar hasta 2026 para hacer cambios a la nueva Constitución, sino que además cualquier modificación deberá ser aprobada por los pueblos indígenas.

Estas son solo algunas de las normas más polémicas que ponen en tela de juicio el futuro del país. Queda esperar a conocer qué decidirán los chilenos, pues en las últimas horas ha surgido la opción de una tercera vía que les permitiría rechazar el texto el próximo 4 de septiembre para posteriormente hacer modificaciones a la Constitución actual que sí represente y ofrezca soluciones a lo que desea la mayoría de la población.