La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por las violaciones a las garantías de opositores detenidos en el contexto de las votaciones de 2021 en Nicaragua, reiteró su pedido de libertad, y demandó la creación de un mecanismo para dar seguimiento a las recomendaciones brindadas por su oficina desde 2018.
«Mi oficina ha documentado que al menos 43 personas continúan detenidas en el contexto de las elecciones del 2021 que estuvieron caracterizadas por restricciones a los derechos civiles y políticos incluidos los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política», expresó Bachelet.
La alta comisionada no solo lamentó la muerte del dirigente opositor y general de brigada en retiro, Hugo Torres, quien según la Fiscalía falleció «por causa de enfermedad» en febrero, sino que además reiteró su preocupación por el deterioro en la salud de otros detenidos.
«Lamento la muerte en detención, el mes pasado, de Hugo Torres, un destacado líder de la oposición que fue arrestado antes de las elecciones. También que varios detenidos sufrieran el deterioro de su salud en los últimos meses», agregó
«Y al menos 29 de ellos continúan en el complejo policial Evaristo Vásquez, en violación de las normas del debido proceso y presuntamente en condiciones inhumanas, con el contacto con sus abogados indebidamente restringido, lo que ha impedido su defensa, y también han sido privados de todo contacto o comunicación con sus hijos menores de edad», detalló Bachelet.
El pedido de Julio Sandino
Julio Sandino, hijo de la activista Violeta Granera, les pidió a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos acciones para evitar más muertes en la prisión.
«La situación de presos políticos es insostenible y angustiante, me voy a referir a la de mi madre, una mujer de 70 años, con una serie de padecimientos crónicos, propios de su edad y que lleva más de 8 meses encerrada en una celda de 3 por 4 metros», relató.
«Duerme en una cama de concreto, en donde el bombillo no se apaga en las 24 horas, algo que no la deja descansar. Donde debido a la mala alimentación ha perdido parte de su dentadura y ha bajado más de 30 libras. Y para completar hay que sumarle las malas condiciones del lugar, el aislamiento al que es forzada y los constantes interrogatorios todos los días», lamentó.
Además, Bachelet expresó también su preocupación por la continuidad de los juicios a los opositores y las condenas otorgadas y pidió la creación de un mecanismo que garantice la realización de juicios justos y apegados a derecho.
El Gobierno de Nicaragua rechazó el informe
La procuradora general de la República, Wendy Morales, quien participó de forma virtual en representación del gobierno nicaragüense, rechazó la presentación del informe por considerarlo «sesgado, tergiversado y manipulado».
«Observamos y desaprobamos, las fuentes usadas como base para el análisis de esta Oficina de las Naciones Unidas, respecto a las llamadas actualizaciones, informes preliminares y rutas investigativas», señaló
«Que lejos de centrarse en recopilar información veraz sobre la realidad de los Derechos Humanos de la sociedad, comunidad o pueblo, recogen únicamente las voces de algunos sectores con intereses políticos, ideológicos y económicos, definidos bajo el diseño de la política interventora de las grandes potencias imperialistas, en contra de los pueblos y gobiernos dignos», añadió Morales.
No obstante, el gobierno de Nicaragua no colaboró con las solicitudes de información por parte de la oficina de la Alta comisionada para la elaboración del informe.
Bachelet manifestó su preocupación por la falta de un mecanismo para atender las recomendaciones ante las violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde el año 2018.
Su oficina había reportado más de 300 fallecidos y 2.000 heridos, en el contexto de las protestas contra el gobierno, que reconoce solo 200 víctimas fatales, incluyendo policías.
«Me preocupa que siga sin garantizarse la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018, la rendición de cuentas es el núcleo del estado de derecho», enfatizó Bachelet.
Finalmente, lamentó «la cancelación de 12 universidades privadas y 26 organismos no gubernamentales, durante los dos primeros meses del año 2022, sin que sus autoridades pudieran ejercer el derecho a la defensa».
Esto sumadas a las 54 organizaciones que fueron canceladas en los mismos términos en el 2021.
La Asamblea Nacional canceló 14 universidades y decenas de organismos por supuestos incumplimientos de obligaciones ante el ministerio de gobernación, como inconsistencias en informes contables o falta de actualización en la elección de sus directivas.
Bachelet reiteró su llamado a un diálogo inclusivo, con observación internacional para diseñar una hoja de ruta y salir de la crisis, y dejó en claro que su oficina está anuente a regresar a Nicaragua para colaborar.
