El Superior Tribunal de Justicia (STJ), la tercera instancia judicial de Brasil, resolvió por 4 votos contra 1 que el ex fiscal Deltan Dallagnol indemnice por daños morales al ex presidente Luiz Inácio Lula da SIlva, al considerar que montó un show mediático para elevar una acusación que se reveló falsa y fue anulada, en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato.
Los jueces del tribunal acogieron el pedido de Lula para que Dallagnol sea culpado de causar daños morales con la presentación en un power point en un hotel de Curitiba en 2016, cuando llamó a la prensa para presentar al líder del Partido de los Trabajadores (PT) como jefe de una gavilla que desviaba dinero de la estatal Petrobras mediante contratos con empresas constructoras.
El fiscal fue condenado a pagar 75.000 reales más la corrección por inflación e intereses, lo cual actualmente está en torno de los 100.000 reales, unos 20.000 dólares, cuando la defensa del ex presidente había pedido 1 millón de reales de indemnización, unos 200.000 dólares.
Esta acusación terminó en una condena a prisión por parte del ex juez Sergio Moro contra Lula, quien pasó 580 días en una cárcel, aunque todos sus procesos en la Operación Lava Jato fueron anulados en 2021, a raíz de que hubo parcialidad manifiesta y hostigamiento político mediante el mecanismo llamado ‘lawfare’, cuando se usa el Estado para hacer persecución política.
El año pasado, tras la anulación de las condenas, Dallagnol fue retirado de Lava Jato y dejó la carrera para dedicarse a la política y afiliarse a Podemos, el mismo partido con el que el ex juez y ex ministro de Jair bolsonaro, Sergio Moro, se postula para presidente en las elecciones d el 2 de octubre próximo.
«El fiscal extralimitó sus funciones, haciendo un show que no es compatible ni con el objeto de la denuncia y no con la seriedad que exige la investigación judicial», sostuvo el relator del proceso, Luis Felipe Salomao.
El caso es una victoria política para Lula, que con la anulación de sus condenas por parte del Supremo Tribunal Federal quedó habilitado para postularse a la presidencia y es el candidato favorito en las encuestas para derrotar en los comicios al mandatario vigente Jair Bolsonaro.
Cabe recordar que la causa de Dallagnol .recibida y ejecutada en condena por Moro en Lava Jato- proscribió en 2018 a Lula de participar de las elecciones finalmente ganadas por Bolsonaro.
El juez Salomao, en su fallo, además indicó que el ex fiscal Dallagnol, famoso por decir que su equipo del Ministerio Público imitaba junto con Moro a Los Intocables de Estados Unidos, «utilizó expresiones de descrédito de honor e imagen, y en mi opinión no técnicas, como las presentadas en la propia denuncia».
Y siguió: «Usó power point, que estaba compuesto por varios círculos, identificados por palabras. Las palabras, como puede verse, se apartaron de la nomenclatura típica del derecho penal y procesal penal», advirtió.
El ministro Raúl Araújo también reconoció el daño moral. “Había demasiado poder. Actuó más allá de su competencia legal. El error original de todo esto, me parece, se debió a ese típico juicio excepcional que se dejó funcionar en Curitiba», opinó.
«Se creó un juicio universal. Siempre he sido crítico de este funcionamiento, a mi modo de ver, anómalo. Llevó mucho tiempo reconocerlo y recién ahora se está corrigiendo el desvío·», concluyó.
Fiscalía acusó a Bolsonaro por desviar dinero del Congreso
La fiscalía federal de Brasilia acusó al presidente Bolsonaro de haberse enriquecido ilícitamente desviando dinero público en la época en la que era diputado federal mediante el uso de empleados parlamentarios fantasmas, que en realidad le devolvían el dinero o trabajaban para sus asuntos particulares.
El caso involucra a Bolsonaro y a su ex empleada en el Congreso Walderice Santos da Conceicao, también acusada de enriquecimiento ilícito por estar incluida en la planta permanente de los empleados parlamentarios y no haber ido a trabajar nunca a Brasilia entre 2003 a 2008, período en el que era asesora del entonces diputado federal y hoy actual mandatario del país.
La fiscalía federal de Brasilia envió el pedido de juicio y condena contra Bolsonaro y su ex empleada «fantasma» por improbidad administrativa.
Ella y su pareja, el albañil Edenislon Nogueira García, en realidad eran caseros de la casa que los Bolsonaro tenían en la la localidad balnearia de Angra dos Reis, estado de Río de Janeiro.
La fiscalía señaló que Bolsonaro estaba al tanto de que Walderice no prestaba los servicios correspondientes a la función y, aun así, atestiguó falsamente que ella asistía a su despacho para acreditar la jornada laboral exigida por la Cámara de Diputados para posibilitar el pago de salarios.
Según el Ministerio Público, «la conducta de los imputados y, en particular, la del ex diputado federal y actual presidente de la República, Jair Bolsonaro, se desvió mucho de lo que se espera de un agente público».
«En el ejercicio de su mandato parlamentario no sólo traicionó la confianza de sus electores, sino que también violó el decoro parlamentario al malversar fondos públicos destinados a remunerar al personal que apoyaba su gabinete y la actividad parlamentaria», concluyó.
Nueva denuncia que salpica a Bolsonaro
Un intendente del noreste de Brasil denunció que un pastor evangelista que actúa en el gabinete paralelo del Ministerio de Educación le pidió 1 kilogramo de oro de coima a cambio de destrabar el envío de recursos del Gobierno federal.
La denuncia escribe un nuevo capítulo en un escándalo de corrupción que involucra al ministro de Educación, el también pastor evangelista Milton Ribeiro, quien fue grabado prometiendo ventajas ilegales en nombre del presidente Jair Bolsonaro.
El intendente Gilberto Braga, del municipio de Luis Domingues, estado de Maranhao, afirmó que uno de los dos pastores que negocian transferencias de recursos federales para municipio en nombre del presidente Bolsonaro y el ministro Ribeiro le pidió la coima en oro durante una cena en un restaurante de Brasilia.
La revelación de Braga, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al diario O Estado de Sao Paulo, involucra al pastor Arilton Moura, quien junto con otro pastor, Gilmar Santos, negoció recursos federales con municipios sin tener cargo en el Ministerio de Educación.
En un audio revelado por el diario Folha de Sao Paulo, Ribeiro afirmó que el Gobierno «le da prioridad a los municipios que negociaron con los pastores Santos y Moura por orden del presidente Bolsonaro».
El ministro admitió el audio, pero públicamente negó que actúe a pedido del presidente Bolsonaro.
Ayer, parte de la oposición parlamentaria pidió a la Fiscalía General y al Supremo Tribunal Federal que se investigue a Bolsonaro y a Ribeiro «por tráfico de influencias a favor de pastores evangélicos aliados del gobierno».
«Mi prioridad es atender, primero, a los municipios que más necesitan, y segundo, a todos los amigos del pastor Gilmar», inidicó el ministro en referencia a un líder religioso cercano a Bolsonaro.
Ribeiro agregó que ese es «un pedido especial» que le hizo el propio «presidente de la república».
El ministro ya tiene un proceso ante la Corte Suprema bajo la acusación de homofobia por haber declarado públicamente que los homosexuales son «producto de familias desajustadas» y promover ideas de ultraderecha en la educación.
El bloque evangélico en Diputados, un poderoso grupo de influencia en la agenda gubernamental, reaccionó a favor de una investigación para que el escándalo no manche a las iglesias pentecostales, que son parte del sostén popular, en las clases más bajas, del presidente Bolsonaro y su proyecto reeleccionista para los comicios de octubre.
El diputado Sóstenes Cavalcante, del Partido Liberal (PL), al que pertenece Bolsonaro, aseguró que el ministro «está debiendo una explicación», pues el asunto puede salpicar a todas las iglesias pentecostales.
