El presidente Lasso prometió controlar la situación y la CIDH condenó la masacre.
Un enfrentamiento entre bandas por el control de una cárcel en Guayaquil dejó al menos 116 muertos, algunos de ellos decapitados y otros mutilados, un número impreciso de heridos y al sistema penitenciario de todo el país en estado de excepción, según dispuso el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien prometió «controlar la emergencia, garantizando los derechos humanos de los reos».
«Los saldos al momento nos dicen que hay 116 fallecidos y cerca de 80 heridos, y todas son personas privadas de la libertad», informó Lasso, durante una conferencia de prensa en Guayaquil, donde encabezó una reunión del Comité de Seguridad para afrontar el caso.
Más temprano, el Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad (SNAI) había reportado «más de 100 muertos» y 52 heridos, aunque entonces todavía quedaban cuerpos por recuperar, después de que los primeros informes mencionaran 30 víctimas fatales, de las cuales al menos cinco fueron decapitadas.
La morgue de Guayaquil se convirtió en otro escenario de la tragedia, debido a que desde la mañana familiares de los presos muertos fueron a retirar los cuerpos.
En relación con esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia en la Cárcel Número 1 de Guayaquil.
La CIDH advirtió en su cuenta de Twitter que en lo que va del año en Ecuador «más de 200 personas» fallecideron como resultado de la violencia en las penitenciarías e instó al Estado a «investigar de oficio y con debida diligencia los hechos».
El orgamnismo, con sede en Washington, además pidió «implementar acciones para evitar la repetición, como aumentar la seguridad y vigilancia en las penitenciarías, y prevenir el accionar de grupos criminales dentro de estos centros».
«Se recuerda que los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de las personas bajo su custodia”, puntualizó la CIDH.
Lasso viajó a Guayaquil, donde encabezó una reunión del Comité de Seguridad, apenas después de disponer el estado de excepción por 60 días, que implica inicialmente que los presos tienen suspendidos sus derechos de libertad de asociación y reunión.
El motín se produjo a partir de una pelea entre grupos organizados en el Centro de Privación de Libertad Número 1, ubicado en Guayaquil, capital del departamento de Guayas, con detonaciones de armas de fuego y explosiones en varios pabellones.
El origen del enfrentamiento estuvo en el festejo de cumpleaños de un líder de Los Choneros, una de las bandas internas, y el mensaje de que ellos «controlaban» el penal, lo que generó el ataque de Los Lagartos y Los Tiguerones, los otros dos grupos con fuerte presencia interna.
Las autoridades activaron los protocolos de seguridad y evacuaron al personal administrativo de la prisión, al tiempo que instalaron un comité de crisis formado por la Policía Nacional y el SNAI para enfrentar la situación.
Unos 400 uniformados ingresaron al centro de detención y, tras más de tres horas, lograron retomar el control de la cárcel.
La Fiscalía de Guayas puso en marcha una investigación y el SNAI suspendió las actividades administrativas «no prioritarias» en el complejo.
En lo que va del año Ecuador ya registraba más de un centenar de muertos en los penales del país, con una de las más grandes masacres ocurrida el 23 de febrero último en las cárceles de Libertad Zonal 8 y Sierra Centro Norte, en la provincia de Cotopaxi, y en Cuenca, en la provincia de Azuay, que se saldó con 80 presos fallecidos.
Debido a la crisis penitenciaria, alimentada por la sobrepoblación, corrupción, insuficiencia de guardias y violencia, los militares apoyan desde hace meses el control exterior de las cárceles guayaquileñas.
Las bandas que suelen enfrentarse por el control de los centros están vinculadas, según la prensa local, a los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Además de insuficiencia de guardiacárceles, el país sufre un fuerte hacinamiento en todos sus penales (se estima que hay 39.000 presos para una capacidad de 30.000), cercano al 30%.
Por la pandemia de Covid-19, el SNAI aceptó recomendaciones de la ONU y liberó a reos que cumplían las condiciones para acogerse a beneficios penitenciarios, con lo que el hacinamiento bajó 13 puntos porcentuales.
El gobierno de Lenin Moreno, antecesor de Lasso, tenía en carpeta un plan para bajar aún más el número de internos, a partir de la salida de presos por delitos menores que hubieran cumplido el 40% de la pena si fueron juzgados hasta 2014 y el 60 para juzgados después, y del envío a sus países de origen de los condenados extranjeros.
