Los crímenes coincidieron con el paro de los agentes del orden, que reclamaron por sus precarias pensiones y exigieron mejoras laborales.
Catorce asesinatos fueron reportados el fin de semana en Puerto Rico, hechos que coincidieron con la huelga de casi 5.000 policías que reclamaron por sus precarias condiciones de jubilación y exigieron mejoras laborales.
En San Juan, específicamente, se registraron durante el fin de semana cinco crímenes, entre los que se destacó el de un joven de 17 años que había sido secuestrado junto a otras dos personas en la noche del sábado cuando salían del restaurante El Hipopótamo, en la avenida Luis Muñoz Rivera de Río Piedras.
Con estos 14 asesinatos reportados, la cifra de crímenes violentos en la isla hasta la fecha ascendió a 508, una diferencia de 64% más en comparación con los registrados en el mismo lapso del 2020.
Todos estos crímenes se produjeron en medio de una huelga de los policías estatales, que protestaron porque nunca cotizaron para el Seguro Social y porque se jubilarán con pensiones equivalentes al 35% de su salario más alto y sin plan médico.
El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, confirmó que durante el fin de semana se ausentaron de sus puestos de trabajo un total de 4.963 uniformados, sobre una plantilla de 12.057, aunque en realidad están activos unos 10.400.
Ante esta situación, varios municipios de Puerto Rico decretaron el estado de emergencia a través de órdenes ejecutivas que, entre otras medidas, suspendieron libranzas y extendieron los turnos de trabajo de las policías municipales.
La medida de fuerza dejó muchos cuarteles prácticamente vacíos y obligó a la Policía a activar el plan contemplado para este tipo de emergencias, que activa a agentes de unidades especializadas, de policías municipales, de agentes federales de Estados Unidos y otras agencias como el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).
Por este conflicto, miembros del Gobierno se reunieron con la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, para buscar alternativas que beneficien a los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico.
La JSF es una entidad establecida por el Congreso en Washington que tiene como objetivo controlar la política económica del Ejecutivo de San Juan y ayudar en la reestructuración de la multimillonaria deuda del Estado Libre Asociado.
