El propósito del oficio es determinar si hubo o no una conducta prohibida del Ejecutivo en el vídeo de la campaña que busca fomentar la participación en el plebiscito para aprobar o rechazar el texto de una nueva Constitución.
La Contraloría General de la República, la entidad fiscalizadora superior de Chile encargada de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración Pública, le pedirá a la ministro de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, que rinda cuentas de los recursos usados para la campaña, el personal que se utilizó y cómo se realizó el vídeo que busca fomentar la participación en el plebiscito de salida del 4 de septiembre para aprobar o rechazar el texto de una nueva Constitución.
Luego de que ingresaran requerimientos de parlamentarios de oposición, el ente fiscalizador dio inicio al proceso de recopilación de información.
El propósito del oficio que enviará el organismo es conocer el presupuesto fiscal utilizado para después analizar el fondo del contenido y así determinar si hubo o no una conducta prohibida de parte de los funcionarios públicos.
«La Constitución de 1822 fue escrita por cinco personas, para la de 1833 fueron designadas siete, en 1925 el presidente Alessandri nombró a 122 personas para escribirla. La Constitución de 1980, que nos rige hasta hoy, fue escrita por nueve personas designadas por una junta militar. El proyecto de la nueva Constitución de 2022 fue escrito por 154 personas, y por primera vez en democracia, más de 15 millones podrán decidir si votan Apruebo o Rechazo».
De esta manera -y acompañado por dibujos- comienza el vídeo con el que el gobierno, según argumentaron desde el Ejecutivo, busca fomentar la participación en el plebiscito de salida para aprobar o rechazar el texto de una nueva Constitución.
Fue el 30 de mayo que se inició la campaña, a través de una cápsula audiovisual que el propio presidente, Gabriel Boric, publicó en su cuenta de Twitter.
«Hagamos historia» es el eslogan de esta propaganda que hoy está en la mira de la Contraloría, que en los próximos días pedirá información a la ministro Vallejo, quien tiene a su cargo la Secretaría de Comunicaciones (Secom), la columna vertebral de la puesta en escena de esta campaña.
«Hoy damos inicio a la iniciativa de voto informado, en la que junto al @gobiernodechile tomamos la responsabilidad de informar y entregar las herramientas necesarias para ejercer un voto responsable, de cara al plebiscito constituyente. Este 4 de septiembre #HagamosHistoria», escribió el Jefe de Estado. El video, sin embargo, fue objeto de críticas por parte de la oposición.
Siete denuncias
El senador Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), afirmó: «Cuando hay que fiscalizar el uso de los recursos públicos y el intervencionismo electoral vamos a ser implacables y vamos a presentar y ocupar todas las acciones legales que tengamos a nuestra disposición en caso de que el gobierno, como ocurrió en este caso, infrinja sus deberes legales».
En tal sentido, Macaya y otros seis parlamentarios recurrieron a la Contraloría para denunciar un presunto uso de recursos públicos para favorecer la opción «Apruebo» en la consulta del 4 de septiembre.
De eso ya pasaron dos semanas, por lo que el ente contralor ya está en condiciones de iniciar un seguimiento al proceso.
En Contraloría, no obstante, contabilizaron siete denuncias parlamentarias y otras cinco acusaciones por parte de personas naturales, por lo que ya cuentan con los antecedentes para comenzar una inspección más acabada de este proceso.
Según explicaron conocedores de estos procedimientos, el ente contralor no solo debe quedarse con lo que sale o no en el vídeo.
Por lo mismo, los abogados de la oficina ubicada en Teatinos 56 ya se encuentran preparando un oficio de requerimiento de información dirigido a la ministro Vallejo, quien tendrá 10 días para responder y además una prórroga de otros 10 más.
Además, comentan quienes conocen este tipo de requerimientos, una vez que se tengan todos los antecedentes que emita la Segegob, será inevitable analizar el fondo del contenido de la campaña.
Ahora se revisará si el mensaje es, o no, acorde al instructivo de Contraloría en cual se señala que «no se pueden emplear bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros, beneficiando tendencias u opciones plebiscitarias y ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales, tales como la participación en campañas o reuniones o proclamaciones de carácter político en relación con lo plebiscitado en esta ocasión».
El Gobierno defiende la campaña
Sin embargo, desde el gobierno defendieron la campaña. De hecho el mismo día que la oposición anunció que irían a la Contraloría acusando un «intervencionismo», la ministro Vallejo reconoció que se esperaban este tipo de acciones.
«Es sumamente infundada la crítica. Esta es una campaña que corresponde a la primera fase, donde toda la parte creativa estuvo a cargo del propio gobierno», subrayó.
«Este ministerio en particular, que está centrado en contar el proceso histórico, el lugar donde estamos situados en la historia de nuestro país, porque las constituciones son parte de nuestro patrimonio inmaterial, lo que entrega es justamente información, porque debemos entregar información», enfatizó.
De aquí en más será Contraloría quien tenga la interpretación final, la cual debería ser informada en un dictamen durante las primeras semanas de julio.
