Los gobernadores de 23 provincias de Ecuador propusieron una tregua de 24 horas en la disputa que mantienen desde hace diez días el Gobierno nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por el aumento del costo de vida, que ya dejó al menos tres muertos, 92 heridos y 94 detenidos, según datos extraoficiales.
Los mandatarios agrupados en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) concluyeron que durante la tregua las partes podrían establecer una mesa de diálogo, y también plantearon la conformación de corredores humanitarios que permitan el abastecimiento y atención de necesidades urgentes en las zonas afectadas por los paros, publicó hoy el diario El Universo.
Para ello, exhortaron al Gobierno, la Conaie y a grupos sociales a respetar la libre circulación por estos corredores, los cuales deberían ser declarados zonas de paz.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó, desde el inicio de las protestas, el 13 de este mes, tres muertos, al menos 92 heridos y 94 detenidos.
La Policía informó, a su vez, de 117 policías y militares heridos, otros 27 retenidos temporalmente por los manifestantes y luego liberados, y 80 civiles arrestados.
En la localidad andina de Tarqui (sur), los choques entre policías y manifestantes dejaron un muerto ayer, según la entidad.
Marcelino Villa, de 38 años, murió y junto a su cuerpo «se encontró un cartucho de gas lacrimógeno», añadió la organización en Twitter.
La policía, no obstante, indicó en un boletín que el hombre murió por «cirrosis hepática» en «el contexto de las manifestaciones», según reportó la agencia de noticias AFP.
El lunes y martes murieron otras dos personas víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad del Estado, según la Alianza.
El reclamo
La Conaie, que mantuvo varios diálogos sin resultados con el Gobierno antes de iniciar las protestas, reclama una baja en los precios de los combustibles a 1,50 dólares del galón (3,78 litros) de diésel y a 2,10 de la nafta de 85 octanos.
Entre mayo de 2020 y octubre de 2021, los precios eran revisados mensualmente, por lo que el diésel casi se duplicó (de 1 a 1,90 dólares) y la nafta común subió 46% (de 1,75 a 2,55).
La organización indígena más poderosa del país reclama también por la falta de empleo y la entrega de concesiones mineras en territorios nativos, y por el control de precios de los productos agrícolas y la renegociación de deudas de campesinos con los bancos.
Los prefectos (como se denomina a los gobernadores en Ecuador) propusieron en su presentación que las autoridades nacionales y de los gobiernos autónomos descentralizados y las organizaciones indígenas y sociales impulsen medidas para potenciar la inversión en el sector rural, con el fin de reducir las brechas de salud, educación, seguridad y fomento productivo.
El comunicado del Congope está suscripto por Pablo Jurado, presidente del Consorcio y prefecto de Imbabura, y también lleva la firma de Isabel Proaño, directora ejecutiva, añadió el reporte del diario quiteño.
Las movilizaciones se extendieron a varias provincias. Hasta el momento, pese a las propuestas de varios sectores y organizaciones civiles, no se concretó un espacio de diálogo entre los máximos representantes del Gobierno y de la Conaie.
El ministro de Defensa, Luis Lara, alertó el martes último que la democracia está en «serio riesgo» en ese país, horas después de que el presidente Guillermo Lasso, actualmente contagiado de covid-19, aunque asintomático, declarara el estado de excepción en seis provincias con miras a sacar de las calles al movimiento aborigen.
«Se trata de un intento deliberado para utilizar la violencia para atentar en contra de la democracia y amenazar las instituciones. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción en contra de la democracia o las leyes», enfatizó Lara, escoltado por la plana mayor de las Fuerzas Armadas.
El mensaje llegó horas después de que Lasso decretara un nuevo estado de excepción para derogar el decreto aprobado el 17 de junio.
El nuevo decreto, con una duración de 30 días, afecta a las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura, donde «se concentra la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas», según el comunicado de la Presidencia.
Por otra parte, desde la Asamblea Nacional (parlamento) surgieron en las últimas horas pedidos de comparecencias en el pleno y en las comisiones, así como una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por rebelión y terrorismo.
El Legislativo está convocado de manera virtual para hoy, y el correísmo, representado en la bancada Unión por la Esperanza (UNES), solicitará un cambio en el orden del día para que se ordene la comparecencia de Lara y del ministro del Interior, Patricio Carrillo, para que informen sobre las intervenciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en el contexto del paro nacional.
Además, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, presentó ante la Fiscalía General una denuncia penal por rebelión y terrorismo generados durante el paro, y pidió que se investigue a personas vinculadas con estructuras criminales, asambleístas, actores sociales y políticos que financiarían el paro, informó el diario El Universo.
