Tras casi dos horas de debate en el parlamento, la oposición no logró los votos suficientes para someter a juicio político y destituir al mandatario.
El Congreso unicameral de Perú rechazó la moción que un grupo de legisladores opositores presentó con el propósito de someter a juicio político, y eventualmente destituir, al presidente de la nación, Pedro Castillo, por la causa constitucional de «incapacidad moral permanente».
Al cabo de un debate que duró alrededor de dos horas, se registraron 76 votos contra la moción, 46 a favor y cuatro abstenciones, con 126 de los 130 congresistas totales presentes.
Para que la moción prosperara se necesitaban al menos 52 votos, equivalentes al 40% de los congresistas totales, tal como recordó antes de la votación la presidenta del parlamento, María del Carmen Alva.
El debate comenzó con bastante demora en relación con lo previsto, después de una extensa interpelación al ministro de Educación, Carlos Gallardo.
La primera en exponer fue la tercera vicepresidente del parlamento y principal impulsora de la iniciativa, Patricia Chirinos, del partido Liberal de derecha Avanza País.
«Desde que presenté esta moción de vacancia hemos tenido diferencia de formas, pero todos hemos coincidido en la imperiosa necesidad de que el presidente dé explicaciones detalladas al pueblo peruano», afirmó Chirinos en referencia a presuntos actos de corrupción del Gobierno de Castillo.
Entre quienes rechazaron la iniciativa, Jhakeline Ugarte, del partido gobernante de izquierda Perú Libre (PL), argumentó: «Se pretende hacer uso y abuso de este mecanismo excepcional con el fin de satisfacer intereses personales y de grupo, y no de las grandes mayorías del país».
«La vacancia, como se plantea, no es parte del control político, no es parte de la lucha contra la corrupción, sino un arma política que lo único que hace es arrastrarnos a profundizar la crisis económica», sostuvo Sigrid Bazán, del partido de izquierda moderada Juntos por el Perú.
Por su parte, Eduardo Salhuana, de la conservadora Alianza Para el Progreso (APP), llamó a observar «los principios y valores democráticos», lo que, a su juicio, «implica el respeto a las instituciones y a la voluntad popular que eligió a un presidente para cinco años».
La propuesta de juzgar a Castillo -por la causa constitucional de “incapacidad moral permanente”- fue presentada el 25 de noviembre por 28 legisladores de tres bancadas opositoras.
De haber prosperado, habría sido el quinto juicio político a un presidente en los últimos cuatro años, pues Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020, afrontaron dos cada uno y dejaron el gobierno al cabo del segundo en cada caso.
Castillo, quien asumió el gobierno a fines de julio pasado, quedó en entredicho por varias denuncias divulgadas en las últimas semanas e investigadas por el Congreso y la Justicia.
Esas denuncias involucran al mandatario y a algunos de sus colaboradores en gestiones irregulares para favorecer la situación de empresas y personas ante la autoridad tributaria y facilitar el ascenso de militares cercanos, así como en reuniones con empresarios y ejecutivos en un domicilio privado, al margen de la actividad oficial.
Con el ánimo de desactivar la posibilidad del juicio político y mejorar la relación con la oposición, el jefe del Estado convocó a una reunión a los líderes de todos los partidos con representación parlamentaria.
Sin embargo, algunos jefes partidarios, como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, de las agrupaciones de derecha Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP), respectivamente, rechazaron la invitación.
Del diálogo con los partidos representados en el parlamento participó también el jefe de PL, Vladimir Cerrón, con el que Castillo tuvo públicas diferencias que fueron admitidas por la agrupación, cuando anticipó que sus congresistas rechazarían en forma unánime la moción de vacancia.
El bloque oficialista aclaró en un comunicado que mantiene «discrepancias serias con el gobierno caviar (como se llama en Perú a la izquierda moderada) de Pedro Castillo, pero eso no justifica ser partícipe de un golpe de estado a la democracia».
«Hemos concluido una fructífera sesión de diálogo con los líderes de los partidos políticos del Congreso», aseveró Castillo en Twitter.
«No somos un gobierno obstruccionista, no hemos venido a implementar un modelo político distinto a lo que pide y clama el pueblo, somos un gobierno totalmente democrático, no tenemos pensamientos comunistas ni chavistas», sintetizó el presidente peruano en un acto oficial en Abancay, departamento Apurímac, a unos 920 kilómetros al sudeste de Lima.
