Es un programa que se creó en el 2012, bajo el mandato de Barack Obama, para evitar la deportación de ciertos inmigrantes indocumentados.
El Gobierno de Joe Biden busca salvar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños al proponer una nueva regulación, en el último intento por preservarla.
DACA, creado en 2012, tenía la intención de brindar un respiro temporal a los soñadores o «dreamers», muchos de los cuales ahora son adultos y reciben ciertas autorizaciones de trabajo.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció una propuesta, que pasará por un período de comentarios públicos, para iniciar el proceso de registro de la política en el Registro Federal. Anteriormente, DACA se implementó a través de un memorando de Seguridad Nacional.
La misma se produce justo cuando la administración de Biden lucha con una agenda de inmigración que fue objeto la semana pasada de un durísimo cruce entre demócratas y republicanos, en medio de una afluencia masiva de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México que culminó en un campamento debajo de un puente.
Durante años, el Congreso intentó -sin éxito- aprobar una legislación que brinde un camino hacia la ciudadanía para esta población y, por lo tanto, le otorgue protección permanente.
De hecho, el juez Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas, dictaminó en julio que DACA violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que dicta qué procedimientos deben seguir las agencias para implementar ciertas políticas. Así le impidió al Gobierno de Biden aprobar nuevas solicitudes para el programa, aunque mantuvo las anteriores que están en litigio.
Tras el fallo de Hanen, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, enfatizó que el departamento se involucraría en un proceso público de reglamentación «para preservar y fortalecer DACA».
A principios de este mes, el Departamento de Justicia apeló un fallo de la corte de Texas que encontró que el programa era ilegal, inyectando nueva incertidumbre en las vidas de miles de inmigrantes.
Al 31 de marzo, había 616.030 beneficiarios de DACA, la mayoría de los cuales son mexicanos.
