Sus decisiones u omisiones durante la crisis sanitaria dejaron más de 600.000 muertos.
El informe final de la comisión investigadora del Senado de Brasil sobre la pandemia acusó al presidente Jair Bolsonaro de nueve delitos, entre ellos crímenes contra la humanidad, por sus decisiones y omisiones frente a la crisis sanitaria que dejó más de 603.000 muertos.
El documento leído por el relator de la comisión, Renan Calheiros, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB), también acusa a otras 68 personas, entre ellas tres hijos del mandatario, tres ministros y cuatro exministros, además de empresas que participaron de corrupción y una compañía de medicina prepaga que realizó experimentos en pacientes con remedios defendidos por el Gobierno como supuesta prevención al Covid-19.
Los cargos deberán ser votados por el resto de la comisión el próximo 26 de octubre y elevados -tras ser aprobados- al fiscal general, Augusto Aras, al Supremo Tribunal Federal y, en el caso del delito de crimen contra la humanidad, al Tribunal Penal Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de La Haya.
«El presidente de la República alentó reiteradamente a la población a no seguir la política de distanciamiento social, se opuso reiteradamente al uso de mascarillas, convocó, promovió y participó en aglomeraciones y buscó descalificar las vacunas contra el Covid-19», escribió Calheiros en el informe de casi 1.800 páginas.
«Esta estrategia, en realidad ligada a la idea de que el contagio natural induciría la inmunidad colectiva, apuntaba exclusivamente a la reanudación de las actividades económicas”, añadió.
Hubo también una red de corrupción «nunca vista» en el Ministerio de Salud, apuntó en referencia a las acusaciones de «fraude» durante la gestión del general bolsonarista del Ejército, Eduardo Pazuello, al frente de la cartera sanitaria.
Según el informe, Bolsonaro será acusado de «epidemia con resultado de muerte; infracción de medidas sanitarias preventivas; empleo irregular de fondos públicos; incitación al delito; falsificación de documentos privados; curanderismo; crimen de prevaricato; crimen de lesa humanidad y delito de responsabilidad».
Estos delitos suman 78 años de prisión en promedio, apuntó por su parte Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión.
El texto también apunta a la creación de un gabinete paralelo del presidente con médicos negacionistas que distribuían remedios sin eficacia para evitar los confinamientos y alentar a la población a salir a las calles, conclusiones surgidas después de cinco meses de funcionamiento de la comisión parlamentaria que citó más de 50 testigos.
Bolsonaro será acusado de haber despreciado la compra de vacunas y de haber ocultado lo que sabía sobre corrupción en la negociación que lobistas vinculados al poder militar realizaron para adquirir en forma fraudulenta la vacuna india Covaxin.
Según Calheiros, la falta de compromiso con la compra de vacunas CoronaVac y Pfizer ante ofertas de adquisición preferencial atrasó todo el plan de inmunización.
En ese sentido, apuntó que pudieron evitarse 120.000 muertes con la vacunación anticipada de los ancianos con base en un estudio de la Universidad de Sao Paulo (Usp).
Bolsonaro también está acusado de un delito por el cual ya lo investiga la corte, prevaricato en un caso de corrupción en el Ministerio de Salud para la compra fraudulenta de la vacuna india Covaxin.
«Sabemos que no tenemos la culpa absolutamente de nada, que hicimos las cosas correctamente desde el principio», dijo Bolsonaro en un acto en Russos, estado nordestino de Ceará.
«Sería bueno que esta comisión parlamentaria de investigación haga algo productivo para nuestro Brasil. No hicieron nada productivo, solamente diseminar odio y rencor entre algunos de nosotros», afirmó e insistió en que requerir la vacunación o el certificado de inmunización afecta a las libertades.
Brasil, el segundo país en muertes después de Estados Unidos y el tercero en casos a nivel mundial, llegó al 50% de su población inmunizada con el esquema completo de vacunación, en el medio de una reapertura masiva de actividades tras las cuarentenas para enfrentar el colapso hospitalario registrado entre marzo y junio en todo el país.
