En la conmemoración del Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado, que dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, y duró 36 años.
Familiares de víctimas y sobrevivientes del conflicto interno de Guatemala, muchos de ellos indígenas, protestaron en el centro de la capital en reclamo de atención estatal tras denunciar que el Gobierno los abandonó.
Caminaron con pequeñas cruces de madera y flores al conmemorar el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado, que dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, según la ONU, y duró 36 años.
Los manifestantes denunciaron que el expresidente Alejandro Giammattei cerró en su primer año de gobierno el Programa Nacional de Resarcimiento, una de las instituciones que coordinaba las acciones de reparación integral.
«Giammattei en ningún momento se ha acercado a nosotros como víctimas y al contrario ha tomado decisiones erróneas al cerrar instituciones que estaban plasmadas desde los Acuerdos de Paz, que pusieron fin al conflicto», reclamó Manuel Farfán, familiar de una de las personas desaparecidas registrada en documentos del Ejército conocidos como el «Diario Militar».
El mandatario derechista también desmanteló la Secretaría de la Paz, creada tras la firma del acuerdo, el 29 de diciembre de 1996, y en su lugar creó la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh).
«Hemos tenido ciertos acercamientos con Copadeh, pero es una institución sin fundamento; no tiene capacidad política para poder resolver todos los problemas que hay», agregó Farfán.
Historia del conflicto
El día nacional se conmemora porque fue un 25 de febrero de 1999 cuando se presentó el informe Memoria del Silencio de la Comisión del Esclarecimiento Histórico de la ONU, que responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo al Ejército, del 93% de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.
Una ley de 1996 incluyó una amnistía para los delitos políticos, pero no para los responsables de masacres, secuestros o violaciones, consideradas delitos de lesa humanidad, por los que fueron condenados unos 40 militares y un exguerrillero.
Mientras tanto, otras 4.000 personas vinculadas a las fuerzas de seguridad del Estado y 87 exguerrilleros están sujetas aún a procesos judiciales.
El período de extrema violencia militar entre 1978 y 1983 fue denominado el «quinquenio negro» del conflicto civil que martirizó el país centroamericano entre 1962 y 1996.
Los enfrentamientos terminaron en 1996, durante la presidencia de Álvaro Arzú, con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
