Dentro de este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le exigió al Gobierno de Ortega que deje de detener a dirigentes opositores.
Opositores exiliados y otros dirigentes políticos que directamente trabajan en la clandestinidad le pidieron a distintos países del mundo, a la Unión Europea (UE) y a diversos organismos internacionales desconocer los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el 7 de noviembre en Nicaragua, a los que consideraron «una farsa electoral», por el autoritarismo que reina en el Gobierno de Daniel Ortega, quien irá por la reelección.
La solicitud, firmada por 11 movimientos opositores, forma parte de un documento dirigido a la UE, a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA), a otros organismos regionales y al resto de los Gobiernos del mundo.
«Llamamos a declarar la ilegitimidad del proceso electoral y desconocer los resultados de la farsa electoral montada por la dictadura», dijo María Laura Alvarado, representante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), en una conferencia de prensa en Costa Rica, a un mes exacto de la compulsa.
La declaración acusa al presidente Ortega de «terminar con cualquier vestigio de verdadera competencia electoral, llevando a la cárcel a siete precandidatos presidenciales, forzando al exilio a otros dos, e ilegalizando a tres partidos opositores».
A la conferencia de prensa se sumaron, de manera virtual, activistas de organizaciones como Nicaragua Freedom Coalition (NFC), desde Estados Unidos, del Movimiento Campesino y opositores en la clandestinidad.
Aunque Estados Unidos y la UE cuestionaron el proceso electoral y juzgaron que no están dadas las condiciones para elecciones transparentes, no adelantaron si reconocerán los resultados.
En los comicios a celebrarse el próximo 7 de noviembre, Ortega, un ex guerrillero sandinista de 75 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, buscará su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Aunque intervienen otros cinco binomios, el triunfo del Frente Sandinista parece asegurado, porque las demás fuerzas son menores y de escaso peso territorial.
Además del oficialismo, competirán el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), la Alianza por la República (APRE) y el Partido Liberal Independiente (PLI).
A la crisis política que vive el país desde las protestas antigubernamentales de abril de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, centenares de encarcelados y miles de exiliados se sumó que, desde junio, la justicia detuvo a decenas de opositores, entre ellos 7 precandidatos presidenciales, Arturo Cruz, Miguel Mora, Cristiana Chamorro, Medardo Mairena, Noel Vidaurre, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, en base a una ley de defensa de la soberanía.
Entre esos encarcelados están los líderes campesinos Mairena y Pedro Mena, para quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió «protección» y que se evalúen «inmediatamente» alternativas a la prisión.
En un comunicado, la CIDH solicitó que «se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud» de ambos.
«Tomando en cuenta la situación de riesgo», la Comisión pidió además que «se evalúe, inmediatamente, la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad».
