Amenazas, presiones y tropiezos por parte del correísmo durante el procedimiento de juicio político, permiten pensar que el mandatario podría no ser destituido.
El juicio contra Guillermo Lasso pierde fuerza y credibilidad luego de una serie de acontecimientos que evidencian irregularidades por parte de partidos del correísmo. Amenazas, presiones y tropiezos durante el procedimiento, permiten pensar que el presidente ecuatoriano podría no ser destituido.
Este 6 de mayo de 2023 vence el plazo que tiene la Comisión de Fiscalización para presentar el informe del juicio contra el mandatario.
Amenazas
Recientemente el presidente de la mesa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, denunció que diversos asambleístas recibieron amenazas por parte de legisladores de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) que quieren presionar para que el juicio se efectúe.
El temor que tienen el correísmo y los socialcristianos, añadió Villavicencio, es que en el informe se indique que no existe la prueba madre que determine la presunción del delito de peculado en que habría incurrido el primer mandatario; el legislador recordó que no hubo un nuevo contrato firmado entre Flopec EP y Amazonas Tanker Pool en julio de 2022, como se afirma en la acusación que motivó el pedido de juicio al presidente Lasso.
Presiones
A falta de pruebas que inculpen al mandatario, el movimiento político Pachakutik (PK) afín al correísmo, también emprendió amenazas contra los asambleístas que decidan votar contra el juicio político. Leonidas Iza y Guillermo Churuchumbi, amenazaron con aplicar la justicia indígena a los legisladores que no expresen un voto a favor de enjuiciar a Lasso. Sin embargo, asambleístas del movimiento como Mario Ruiz, Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez ya expresaron que no están a favor del juicio y no serán doblegados pese a las amenazas.
Tropiezos
Además de dichas amenazas el la discusión en la Asamblea también se ha visto plagada de inconsistencias e irregularidades por parte de los mismos proponentes del juicio.
Mireya Pazmiño es una de las legisladoras que acusó a Lasso de peculado, pero durante el desarrollo del juicio quedó en evidencia que ella misma desde la Comisión de Régimen Económico había realizado un informe donde recomendaba que el contrato entre las empresas Flopec EP y Amazonas Tanker Pool se mantuviera. De hecho, se descubrió que dicho documento fue preparado por asesores de las empresas implicadas.
