Esto a partir de la masacre que se produjo en el Centro de Privación de Libertad Número 1, de Guayaquil, que dejó un saldo de 68 muertes y 28 heridos.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció un plan para atender la grave crisis del sistema carcelario, al que presentó como un «Acuerdo Nacional» y que consta de siete puntos, entre ellos un «proceso de pacificación a través del diálogo, con apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales», una nueva Ley de Seguridad Ciudadana e indultos a presos con enfermedades.
Lasso, junto a parte del gabinete, los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y a autoridades de otros poderes, presentó el «Acuerdo Nacional para afrontar la crisis carcelaria», en la sede de la Gobernación de Guayas, donde está la Penitenciaría del Litoral en la que ocurrieron dos masacres de reos en menos de dos meses.
Tras una reunión de cuatro horas, el presidente enfrentó a la prensa -sin aceptar preguntas- y reconoció que Ecuador «se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico, que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad».
«Es indispensable enfrentar unidos este problema de carácter global, como una de las más grandes crisis de las últimas décadas», continuó.
Al mandatario lo escoltaron el vicepresidente, Alfredo Borrero; la presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Guadalupe Llori; la titular del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado; la fiscal general Diana Salazar; el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; y la responsable del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida.
El programa de siete «acciones» que anunció se inicia con un «proceso de pacificación a través del diálogo, con apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales” y la decisión de que el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría elaboraren «un proyecto de ley de Seguridad Ciudadana».
También se dispuso que «se mantendrá la coordinación entre la Policía y las Fuerzas Armadas para mantener el orden dentro y fuera de los centros penitenciarios de manera indefinida» y se adelantó que el Consejo de Participación Ciudadana «creará mesas de diálogo ciudadanas, para acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas por la crisis carcelaria».
Además, el Ejecutivo indultará a los «presos con enfermedades catastróficas» y la Fiscalía se comprometió a «acelerar los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos».
Lasso designó a Orlando Fuel como jefe del Comando Conjunto y a Luis Burbano como comandante General de la Fuerza Terrestre; aceptó la renuncia del director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (Snai), Bolívar Garzón, que estuvo apenas 47 días en el cargo; y dispuso el despliegue de 3.000 soldados en las afueras del penal de Guayas, la cárcel más importante de Guayaquil, en apoyo de la policía para controlar la situación.
