La manifestación convocó a más de cinco mil personas en Iquique, una ciudad-puerto, balneario, zona franca y comuna, ubicada en el norte grande de Chile.
Una movilización contra la llegada de extranjeros ilegales a Iquique terminó con la quema de pertenencias y carpas, donde se alojaban estas personas, en una clara señal de rechazo a la ola migratoria que se vive en la ciudad en los últimos meses.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señaló que los hechos de violencia «no quedarán impunes».
«La violencia nunca es un camino para resolver nuestros problemas y no es una forma de expresarse, ni si quiera una forma de expresar molestia o malestar», enfatizó.
Además, varios organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), manifestaron su repudio.
Felipe González, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes de la ONU, calificó de «inadmisible humillación» el ataque incendiario contra las pertenencias de las personas inmigrantes.
«El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha vuelto cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo», aseveró.
Iquique está ubicada unos 1.500 kilómetros al norte de Santiago, la capital de Chile, y en los últimos meses fue el epicentro de una crisis por la llegada masiva de extranjeros indocumentados por la región de Colchane.
Hasta la fecha cerca de 3.000 personas se encuentran varadas en Iquique, gran parte de ellas después de ingresar a Chile por pasos fronterizos no habilitados.
Una vez en suelo chileno, los migrantes ocuparon parques y lugares públicos de la ciudad de Iquique a la espera de regularizar su situación migratoria. Ante la situación, el alcalde de Colchane, Javier García, le exigió al Gobierno que resuelva la situación.
«Queremos que el Gobierno de una vez por todas se acerque a la comuna, converse con nuestras comunidades y fije políticas y acciones claras en torno a entregarnos seguridad y también a respetar nuestros derechos como aymaras», afirmó el alcalde.
Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se comprometió a fortalecer el plan de fronteras «con más personal y medios técnicos para detener el paso de personas que quieren ingresar a Chile de manera clandestina».
Delgado además anunció que se van a retomar las polémicas deportaciones masivas, que la justicia chilena detuvo y que fue duramente criticada por organismos internacionales y de derechos humanos.
La mayoría de los migrantes llega desde Venezuela y Haití buscando una oportunidad en Chile, pero entre las restricciones por la pandemia del Covid-19, la política migratoria y su escasez de recursos económicos quedan atrapados sin poder continuar el viaje por el país, durmiendo en albergues o en campamentos improvisados en las calles.
Según la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, entre enero y julio de este año, se registraron 23.673 denuncias por ingreso al país a través de pasos no habilitados, lo que supone un 40% más respecto de todo el 2020.
