Un equipo de tres miembros que encabezó la misión de recolección de datos, bajo un mandato del Consejo de Derechos …
Un equipo de tres miembros que encabezó la misión de recolección de datos, bajo un mandato del Consejo de Derechos Humanos respaldado por el organismo, señaló que no encontró indicios de que se investigue o acuse a altos funcionarios denunciados por las violaciones más flagrantes y violentas de los derechos.
Una misión independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que la Justicia de Venezuela cumplió un «papel significativo» en la represión ejercida por el Estado sobre la ciudadanía y que además hubo «denuncias generalizadas de violaciones de los derechos que nunca fueron investigadas».
«Sobre la base de las investigaciones y análisis realizados, la misión tiene fundamentos razonables para creer que, en lugar de brindar protección a las víctimas de las violaciones y crímenes de derechos humanos, el sistema judicial venezolano ha cumplido un papel significativo en la represión estatal de los opositores al gobierno», afirmó Marta Valinas, una experta en derechos humanos que presidió el equipo.
«El sistema de justicia venezolano necesita una reforma urgente, para librarlo de influencias políticas indebidas y garantizar que proteja los derechos de todos los venezolanos y todas las venezolanas, de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», agregó.
Los expertos dicen que el sistema judicial permitió violaciones reiteradas de los derechos de los oponentes al gobierno del presidente Nicolás Maduro, las cuales incluyen denuncias de desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y ejecuciones arbitrarias.
«El sistema legal se ha debilitado al tiempo que ha aumentado la política estatal de aplastar a la oposición a partir de 2014, el año siguiente de que asumiera Maduro», consideró Valinas.
El informe del equipo se basó en 177 entrevistas con abogados y exjueces, así como miles de fojas de archivos y en un análisis de 183 detenciones de opositores.
Según sus conclusiones, los jueces ordenan detenciones antes del juicio como medida de rutina y emiten órdenes de arresto retrospectivas para justificar arrestos ilegales.
Los expertos tienen «fundamentos razonables» para creer que actores políticos de alto nivel ejercen influencia sobre los jueces, según fuentes judiciales.
«La abrumadora mayoría de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes que documentamos anteriormente dirigidos a opositores y opositoras del Gobierno no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas de todas y todos los presuntos responsables», sostuvo Francisco Cox Vial, otro de los miembros de la misión.
