Según la organización Human Rights Watch (HRW) los opositores detenidos en Nicaragua afrontan «acusaciones fabricadas».
Decenas de críticos al gobierno de Daniel Ortega detenidos en los últimos meses, la mayoría acusados de «traición a la patria», a menudo son sometidos en Nicaragua a agotadores interrogatorios, se encuentran incomunicados y en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente, denunció hoy Human Rights Watch (HRW).
En un informe de nueve páginas, HRW detalló que el gobierno de Daniel Ortega acusó a muchos de los arrestados por delitos graves sin aportar pruebas, lo que deja en evidencia que se trata de «persecuciones por motivos políticos» en represalia por su oposición.
Todo esto constituye violación a los derechos humanos algo que, según el organismo, es moneda corriente en Nicaragua.
De hecho, el Gobierno de Ortega detuvo arbitrariamente a 36 críticos desde fines de mayo de 2021, de cara a las elecciones presidenciales programadas para el 7 de noviembre.
La Fiscalía presentó cargos contra la mayoría de los acusados en juicios que se realizan «sin garantías básicas del debido proceso», señaló HRW.
Se enfrentan a acusaciones que pueden «acarrearles penas de 15 a 25 años de prisión» y que van desde «lavado de dinero» hasta «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, puntualizó en el texto que la celeridad con la que se llevaron a cabo estas detenciones, con acusaciones sin base y sin el debido proceso, demuestra que Ortega «no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios».
Vivanco exigió al gobierno de Ortega «liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos» e instó a la comunidad internacional a «redoblar la presión sobre el gobierno para aumentar el costo de sus prácticas abusivas».
En los comicios a celebrarse el próximo 7 de noviembre, Ortega, un exguerrillero sandinista de 75 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, buscará su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Lo hará ante cinco rivales de fuerzas menores, ya que desde junio la justicia dispuso una serie de detenciones a opositores, entre ellos siete postulantes a la Presidencia: Arturo Cruz, Miguel Mora, Cristiana Chamorro, Medardo Mairena, Noel Vidaurre, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga.
