El exembajador sandinista ante la OEA había criticado públicamente la decisión del gobierno de Daniel Ortega de retirarse del foro hemisférico.
El exembajador nicaragüense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Edgard Parrales, conocido crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, fue capturado por desconocidos frente a su vivienda en Managua, según denunció su esposa, Carmen Dolores Córdova.
«Mi esposo fue secuestrado porque (sus captores) no presentaron orden de detención ni se identificaron. Aparecieron dos hombres de civil que lo metieron por la fuerza en un vehículo y se lo llevaron», denunció Córdova ante la prensa.
Parrales, de 79 años, había cuestionado públicamente la decisión de Ortega de retirar a Nicaragua de la OEA.
La Policía Nacional, a todo esto, no confirmó ni desmintió hasta el momento la información en torno a la captura del exdiplomático.
Parrales, también exsacerdote, fue uno de los cuatro religiosos sancionados en 1983 por el difunto Papa Juan Pablo II por apoyar a la revolución sandinista. Los otros tres fueron el poeta Ernesto Cardenal, su hermano Fernando Cardenal y el canciller Miguel D´ Escoto, todos ya fallecidos.
Tras ser ministro de Bienestar Social del primer gobierno sandinista (1979-1990), rompió vínculos con sus compañeros y se acercó a la disidencia, aunque sin pertenecer a ningún partido político.
Parrales en los últimos años se dedicó a brindar análisis a los medios de comunicación sobre la crisis que vive Nicaragua desde las protestas contra el gobierno de 2018, cuya represión dejó 355 muertos y más de 103.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Gobierno de Ortega suma 40 opositores detenidos desde fines de mayo pasado, entre los que figuran dos exvicecancilleres, dirigentes políticos y estudiantiles, profesionales, periodistas y siete aspirantes a la presidencia que intentaron competir con él en las últimas elecciones del 7 de noviembre pasado.
Según la oposición, la lista de «presos políticos» que permanecen en distintas cárceles del país desde las protestas sociales de 2018 ya supera las 155 personas.
