Con el voto de 75 de los 91 diputados, el Parlamento de Nicaragua admitió el dictamen del Ministerio de Gobernación.
La Asamblea Nacional de Nicaragua decretó la ilegalidad de 96 organizaciones no gubernamentales, con lo que suman cerca de 200 las sanciones de este tipo adoptadas esta semana y 440 desde el comienzo de las protestas antigubernamentales en abril de 2018.
Entre las instituciones a las que se quitó hoy la personería jurídica figura el Centro de Estudios Internacionales, que dirigía la hijastra del presidente Daniel Ortega, Zoilamérica Ortega Murillo, quien en 1998 acusó al mandatario de haber abusado sexualmente de ella entre 1978 y 1989, y que desde 2013 vive exiliada en Costa Rica.
Con el voto de 75 de los 91 diputados, el parlamento -con holgada mayoría oficialista- admitió el dictamen del Ministerio de Gobernación, que imputó a las organizaciones penadas haber «transgredido e incumplido sus obligaciones» y «obstaculizado el control y la vigilancia» que debe realizárseles.
La censura no se detiene
El diputado oficialista Filiberto Rodríguez, autor del proyecto sancionado hoy, anunció que la ilegalización de ONGs continuará, según consignó la agencia de noticias AFP.
El Gobierno de Ortega acusa a esas entidades de emplear los recursos que reciben del exterior para desestabilizar al país con el apoyo de Estados Unidos.
La Asamblea canceló el martes la personería jurídica de 83 instituciones, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua (ANL), que tenía 94 años de existencia y fue acusada por el gobierno de Ortega de no haberse registrado como agente extranjero.
La ANL, con sede en Managua, fue creada en agosto de 1928, y entre sus miembros destacados figuran el escritor Sergio Ramírez -quien fuera vicepresidente de la república en 1985-90, con Ortega de presidente- y la novelista y poetisa Gioconda Belli, ambos radicados en España.
El ente educativo había rechazado los señalamientos y mencionó que trabaja «en la revisión, enmiendas y aportes a la nueva gramática de la lengua española y al diccionario de la lengua española».
El gobierno aprobó a finales de 2020 una ley que obliga a organizaciones de la sociedad civil y personas jurídicas que reciben fondos del exterior a registrarse como agentes extranjeros y a rendir cuentas de cómo gastan el dinero o cómo utilizan las donaciones que reciben.
Con la medida adoptada hoy suman 440 las organizaciones ilegalizadas por el gobierno de Ortega en el contexto de la crisis política que vive Nicaragua a partir de las protestas sociales que estallaron en abril de 2018 y dejaron al menos 355 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
