El correísmo tiene una visión muy particular sobre la educación: es un privilegio, no un derecho. Y así cientos de …
El correísmo tiene una visión muy particular sobre la educación: es un privilegio, no un derecho. Y así cientos de miles de jóvenes se quedaron sin estudiar una carrera universitaria durante el régimen populista de Rafael Correa. Otros tuvieron que endeudarse para pagar una educación privada.
En 2010, la nueva Ley de Educación Superior dispuso que el ingreso a las universidades y escuelas politécnicas debía regirse por un Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, que a su vez dio paso un año más tarde al Examen Nacional de Educación Superior (ENES) para ingresar a las instituciones públicas. La prueba de 1000 puntos determinaba quién podía soñar con una carrera y quién debía conformarse con un título de bachillerato. El otro escenario consistía en pagar una licenciatura o una ingeniería en universidades privadas cuyos costos mensuales fácilmente pueden superar el salario mínimo vital.
Paralelamente, los estudiantes de último año de colegio debían rendir la prueba “Ser Bachiller” como un requisito para graduarse, e inmediatamente debían someterse al ENES. En 2017 el gobierno por fin reconoció que la doble carga era demasiado pesada para los estudiantes y unificó ambos exámenes en el “Ser Bachiller”. Justamente en ese año el candidato correísta Andrés Arauz se hizo cargo del ministerio de Cultura, mientras ejercía además el ministerio de Talento Humano.
En la campaña de la primera vuelta todos los candidatos se mostraron partidarios de eliminar esta barrera para ingresar a la universidad, menos Arauz. El candidato populista ofrece en su plan de gobierno mantener el polémico examen, aunque promete aumentar el cupo de acceso a las universidades públicas. No menciona plazos ni incluye detalles sobre financiamiento.
Mientras tanto los expertos coinciden en que el problema de fondo era y sigue siendo la escasa oferta de educación superior pública y que el gobierno de Correa, en lugar de aumentar las plazas, las carreras y los centros de estudio, optó por ahorcar a la demanda. Esa oferta de Arauz de “aumentar los cupos” supone un incremento considerable en la planta docente y física, pero el gobierno que herede el país con toda seguridad tendrá que destinar la escasa liquidez disponible en otras áreas.
Según datos de la propia Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología, entre 2012 y 2019 más de 2,2 millones de estudiantes rindieron la prueba “Ser Bachiller” pero el cupo disponible en el sistema de universidades públicas en ese lapso fue de 1.1 millones de plazas, es decir la mitad. Por ejemplo, en 2018 la Universidad Central de Quito tenía 250 cupos para medicina pero había casi 4.500 aspirantes.
De manera simultánea, durante el correato se disminuyeron las asignaciones presupuestarias a muchas universidades tradicionales para poder financiar millonarios proyectos especializados como la escuela politécnica y de investigación Yachay Tech, en la sierra norte; la Universidad de las Artes en Guayaquil; la Universidad Regional Amazónica Ikiam, y la Universidad Nacional de Educación en el Austro. Salvo la Universidad de las Artes, el resto de estos centros de estudios están localizados en zonas rurales y, por ende, su población de estudiantes sigue siendo relativamente baja. En su calidad de doble ministro (de Talento Humano y de Cultura) Arauz empujó un proyecto para que los conservatorios de música pasaran a ser parte de la Universidad de las Artes.
En 2020, las autoridades optaron por impulsar un nuevo sistema de admisión con un Examen de Acceso a la Educación Superior, que incluye 80 preguntas de opción múltiple sobre ciencias sociales, literatura, ciencias naturales, lengua y matemáticas. La nueva prueba representará el 60% de la calificación de admisión a la universidad mientras que la nota de grado de la escuela secundaria vale por el 40% restante. Los analistas coinciden que se trata de un esfuerzo para disminuir la dificultad y permitir que más estudiantes puedan tener acceso.
Las reformas de 2010 y 2011 fueron implementadas por René Ramírez Gallegos, el ministro populista que estudió en la universidad privada más cara del país (la San Francisco de Quito) y que vive en México cerca del alto mando correísta en el exilio y lejos de los escándalos desatados por los dobles sueldos que él y su esposa cobraban al fisco. Correa fue profesor de Ramírez en la Universidad San Francisco de Quito; y fue esta entidad la que, a través de un convenio con la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, le permitió al expresidente hacer su doctorado en economía en Estados Unidos de manera gratuita. Arauz también estudio en el exterior, y cuando pasó por las aulas en Ecuador fue en la Academia Cotopaxi, el colegio más caro de Ecuador, y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que, aunque recibe algunos fondos públicos, es considera una entidad privada.
