Alrededor de 2,2 millones de electores en Uruguay votaron sobre la Ley 19.899, conocida como la LUC, por la sigla de la «Ley de Urgente Consideración».
Una muy ajustada mayoría en Uruguay se pronunció ayer, en referendo, a favor de mantener vigentes decenas de artículos de una amplia ley de reformas impulsadas por el presidente Luis Lacalle Pou y considerada crucial para el desarrollo de su programa de gobierno.
El No, la postura favorable a la continuidad de la vigencia de esos artículos, obtuvo el 51,17% de los votos (1.071.600) contra 48,82% (1.050.404) del Sí, quienes estaban a favor de la derogación, según los datos oficiales.
El porcentaje de votos por la vigencia de la norma incluía 1,32% de votos en blanco, que, de acuerdo con las reglas de la consulta, son considerados a favor de esa postura.
Al conocerse esos guarismos, cientos de partidarios del oficialismo salieron a las calles de Montevideo a celebrarlos y a concentrarse en la plaza Independencia, según los diarios montevideanos El Observador y El País.
La aprobación de la gestión de Lacalle Pou supera el 50% y, por casi la misma diferencia, logró que se mantenga la LUC, ley madre de su gobierno.
Sin embargo, el presidente del Frente Amplio (FA) -opositor de izquierda-, Fernando Pereira, se negó -en un principio- a reconocer la derrota ante sus simpatizantes en la explanada de la intendencia de la capital.
«Con todo el poder, con todos los medios, con toda la estructura a su favor les hicimos un partido parejo y con 15 minutos más, seguro se lo ganábamos», agregó más tarde Pereira.
Todo se desarrolló en total normalidad
El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, aseguró al Canal 5 de televisión que no se registraron incidentes y calificó la jornada como «ejemplar».
Votó el 85% de las más de 2,6 millones de personas que estaban habilitadas, informó la Corte Electoral.
En la consulta se votó a favor de derogar o ratificar 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que fue sancionada en 2020 y generó reformas en varias áreas, incluyendo educación, seguridad, trabajo, administración pública y finanzas.
El referéndum consistía en el Sí o el No a la derogación de la LUC frente las denuncias de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio (FA), de abusos de policiales y pérdidas de derechos.
En contraste, Lacalle Pou, tras votar en Canelones, a unos 50 kilómetros al norte de Montevideo, destacó el hecho de que el futuro de los 135 artículos de la LUC se resolviera a través de «un instrumento de democracia directa» y señaló que la derogación sería «un retroceso».
No obstante, recordó que la norma cuestionada «tiene un gran porcentaje de artículos votados por todos los partidos con representación en el Parlamento».
Las encuestas previas habían vaticinado una consulta de resultado ajustado que, además del futuro mismo de la iniciativa, aireará o erosionará lo que queda del mandato del Ejecutivo -tres años- y marcará al menos parte de la estrategia de la oposición. Finalmente fue así.
En Uruguay se hicieron tres referéndums sobre leyes. Uno durante el gobierno de Julio Sanguinetti, en 1989, para ratificar la ley de amnistía a militares que participaron de la dictadura militar.
Otro en 1992, durante la presidencia de Luis Lacalle, el padre de Lacalle Pou, para derogar la reforma de empresas públicas con privatizaciones parciales.
Y el anterior, durante el gobierno de Jorge Batlle, en 2003, para derogar la ley de desmonopolización de combustibles. La nueva era rompe con el bipartidismo tradicional.
La ley
La ley en cuestión, votada por el Congreso en medio de la pandemia, tiene 476 artículos, de los cuales 135 son recurridos, como el aumento de años de prisión para varios delitos, el agravamiento de casos de narcotráfico, la pena por trabajo o estudio para delitos graves, la creación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado y la libertad al trabajador a cobrar en cuenta bancaria o efectivo y la prohibición de piquetes que impidan la libre circulación, entre otras.
El año pasado, un conjunto de organizaciones, entre ellas la central obrera PIT-CNT y el FA, se propuso juntar más de 700.000 firmas para forzar el referendo, un logro que se consiguió en plena pandemia.
La LUC fue sancionada el 8 de julio de 2020 en el Congreso, con 476 artículos, aunque había ingresado con 501.
Entre otras cuestiones, limita el derecho de huelga, declara ilegítimos a los piquetes en espacios públicos o privados que «afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios», establece la figura de la «apariencia delictiva» y aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta 100.000 dólares, lo que algunos sectores consideran que habilita el lavado de dinero y permite la evasión de impuestos.
Además, elimina la obligación de la educación inicial y recorta las funciones del Estado en el área, crea una modalidad de desalojo exprés de viviendas alquiladas y evita el modelo cooperativo de construcciones de casas, y habilita el cierre y/o la privatización de áreas estratégicas de la petrolera estatal Ancap.
