El Departamento de Estado los agregó a su lista de actores corruptos y antidemocráticos.
Estados Unidos sancionó a siete funcionarios centroamericanos, cinco de ellos salvadoreños y dos guatemaltecos, una decisión que el secretario de Estado, Antony Blinken, enmarcó en un gesto de apoyo a «las aspiraciones democráticas» de los pueblos de ambos países.
«Hoy estamos añadiendo a siete responsables a la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos, bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte, que en general hace que los responsables no sean elegibles para visados y admisión en Estados Unidos», detalló Blinken.
El secretario de Estado acusó en redes sociales primero a los cinco funcionarios salvadoreños: Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahun Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña.
El Gobierno de Estados Unidos los considera «responsables de socavar los procesos democráticos o instituciones al aceptar nombramientos directos a la Cámara por la Asamblea Legislativa, en un proceso que parece haber infringido la Constitución de El Salvador».
El jefe de la diplomacia estadounidense luego acusó a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, «por obstruir e interferir investigaciones de actos de presunta corrupción» y al secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, «por obstruir investigaciones sobre actos de corrupción mediante la interferencia en las indagaciones».
Poco después de conocerse la lista, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se refirió al tema en Twitter: «Queda claro que la lista no tiene NADA que ver con ‘corrupción’, sino que es pura política e injerencia de la más bajera», escribió el mandatario.
«Es extraño que no viene mencionado NADIE de la oposición. Tal vez por angelitos – agregó- y que tampoco ningún hondureño. Qué raro», sentenció.
El Ministerio Público de Guatemala, por su parte, rechazó las medidas tomadas por Estados Unidos y las calificó de «falsas e infundadas».
«Tienen como base supuesta información obtenida a través de ciertos medios de comunicación y otras fuentes, principalmente de personas que evaden la justicia, razón más que suficiente para advertir que dichos señalamientos son infundados y carentes de toda veracidad», finalizó.
