Cuba

Duras condenas para 128 personas en Cuba por las protestas de 2021

Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven, recibieron condenas de 30 años de prisión, las más altas.

Un grupo de 128 cubanos que participó en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel en La Habana, consideradas las más violentas de esas jornadas, recibió durísimas condenas de 6 y 30 años de cárcel.

Un comunicado del Tribunal Supremo detalló que desde el 14 diciembre de 2021 al 3 de febrero de 2022 fueron juzgados 129 cubanos que participaron en las protestas en los barrios de Diez de Octubre y La Güinera, «acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos».

De los 129 procesados, 128 fueron declarados culpables de sedición y hurto, y dos de ellos, Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven, recibieron condenas de 30 años de prisión.

Según el comunicado, los grupos dieron vuelta vehículos y patrullas y lanzaron piedras, botellas y bombas molotov contra instalaciones de la policía y agentes del Ministerio del Interior, que provocaron «lesiones a otras personas y graves daños materiales».

 

Las protestas dejaron un muerto

En La Güinera se registró el único fallecido de las manifestaciones históricas que estallaron en varias ciudades en medio de la pandemia de coronavirus.

Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, fue asesinado de un balazo por la policía el 12 de julio de 2021.

Los otros 125 implicados en ambas protestas fueron sentenciados a penas de entre 6 y 26 años de privación de libertad, uno a cuatro años de trabajo correccional sin internamiento y solo uno de los juzgados fue absuelto.

No obstante, todos los condenados podrán apelar sus sentencias ante el Tribunal Supremo.

El gobierno de Díaz-Canel informó el 25 de enero que 790 personas, entre ellas 55 menores de 18 años, habían sido encausadas por las manifestaciones de julio, para cuando ya había 172 condenados.

El mes pasado, la a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los procesos judiciales, porque “se basarían en tipos penales abiertos y cargos penales infundados y desproporcionados”.